Las ayudas financieras públicas comprometidas en diversas formas de capital a las entidades españolas ascienden a 61.366 millones de euros desde mayo de 2009, según cálculos del Banco de España, que consideran que de esta cifra habría que descontar los 977 millones de euros devueltos por CaixaBank en abril de 2013, procedentes de las ayudas recibidas por Banca Cívica antes de su integración en el banco de ‘la Caixa’. Por tanto, las ayudas públicas a la banca desde mayo de 2009 ascienden a 60.389 millones. La nota del Banco de España subraya que “todas estas ayudas financieras públicas han sido acordadas conforme a los criterios establecidos por la Comisión Europea en materia de competencia y sometidas a su aprobación”.

Pero el cálculo no incluye los avales del Estado a emisiones de entidades de crédito, concedidos para facilitar su acceso a los mercados de capitales. En cuanto a los avales concedidos por el Estado a las entidades, el Banco de España recuerda que hay que tener en cuenta que, además de suponer un coste para las mismas que reduce el del Tesoro, son objeto de cancelación a medida que vencen las emisiones. Y que a mayo se habían devuelto el 48 % de los avales concedidos.

Tampoco se reflejan en los cálculos del Banco de España los apoyos contingentes formalizados mediante esquemas de protección de carteras de activos (EPA) en algunos procesos de integración, que implican menores necesidades de provisiones para las entidades beneficiarias. La justificación es que “se trata de un concepto muy diferente al de la inyección de capital”.

Estos esquemas han supuesto otorgar garantías parciales a determinadas carteras crediticias e inmuebles adjudicados por un importe total neto contable de 35.681 millones y pueden dar lugar, en determinados casos, a pérdidas que no se podrán conocer hasta el final del período de vigencia de cada uno de los citados esquemas (la estimación de pérdida esperada se revisa anualmente por parte del organismo que lo ha concedido).

A 31 de diciembre de 2012, el valor presente de la pérdida agregada actualmente esperada de los EPA, alcanza los 6.506 millones, que se encuentran provisionados en los estados financieros del Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Esta cifra procede de las auditorías independientes a las que se ha sometido a los diferentes EPA.

Tampoco se contempla la participación pública en la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Bancaria). La aportación de capital público a la Sareb a través del Frob asciende a 2.192 millones.

Obviamente, los cálculos del Banco de España no incluyen los apoyos privados a los procesos de recapitalización y reestructuración, materializados, por ejemplo, en ampliaciones privadas de capital o en asunción de pérdidas por ejercicios de gestión de híbridos.

 

Del Frob al Fondo de Garantía

Las ayudas públicas prestadas a las entidades financieras se dividen entre las soportadas por el Fondo de Garantía de Depósitos (que cuenta con aportaciones privadas) y las que lo son por el Frob (exclusivamente del Estado). Éstas, a su vez, se diferencian entre el Frob 1, de 26 de junio de 2009, que se concretó en la compra de participaciones preferentes convertibles; el Frob 2, de 18 de febrero de 2011, con la adquisición de acciones ordinarias representativas del capital social, entre otras medidas de apoyo financiero; y las ayudas prestadas por el Frob, conforme a la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, con cargo al Programa de Asistencia Financiera suscrito por el Reino de España el 20 de julio de 2012, y que podían instrumentarse como aportación a capital o como suscripción de bonos subordinados contingentemente convertibles (CoCos).

Las ayudas financieras públicas prestadas inicialmente como Frob 1, posteriormente se han transformado, en algunos casos, en Frob 2, o incluso han sido asumidas por el Fondo de Garantía de Depósitos.

“La información disponible sobre las ayudas financieras públicas prestadas en diferentes países para la recapitalización y reestructuración de sus sistemas bancarios a partir de la crisis que se inicia en 2007 es bastante heterogénea y dispersa, por lo que resulta difícil hacer comparaciones internacionales”, precisa el Banco de España. La institución considera “interesante impulsar la publicación de información armonizada y rigurosa sobre los programas de asistencia a la recapitalización de los diferentes sistemas bancarios nacionales que se han llevado a cabo durante los últimos años”.