El Gobierno presentó hoy lunes su propuesta para la reforma del sistema de pensiones. La gran novedad es que se suprime la revalorización anual según el IPC. En su lugar, el Ejecutivo propone un nuevo índice de revalorización de las pensiones (IRP), que afecta a todos los pensionistas, tanto actuales como futuros, a partir del año que viene.

Además, el Ejecutivo pretende introducir un factor demográfico que tenga en cuenta la esperanza de vida de los pensionistas a la hora de calcular las nuevas pensiones. En este caso, su entrada en vigor se retrasa hasta 2019. Y solo afectaría a los nuevos pensionistas.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, presentó este lunes a empresarios y sindicatos su propuesta para la reforma del sistema de pensiones. Una reforma que no gustó a los sindicatos que, tras la reunión, anticiparon una negociación “complicada y difícil”. Mientras el Ejecutivo pretende tener lista la reforma, que debe pasar por el Congreso, el próximo 31 de diciembre.

El nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones sustituye al sistema actual de revalorización en función del IPC, vigente desde 1996. En su lugar, el Gobierno propone un indicador múltiple, que tenga en cuenta tanto los precios como la buena marcha de la economía.

La ministra enfatizó que las pensiones nunca bajarán. Sin embargo, estas rentas sí perderán poder adquisitivo, según valoraron los sindicatos, desde donde lamentaron no haber recibido ni un solo documento escrito por parte de la ministra Báñez. “Tan solo información verbal”.

El nuevo sistema fija un techo y un suelo para las subidas nominales de las pensiones. Así, las prestaciones subirán un mínimo del 0,25 por ciento, incluso los peores años; mientras que se fija un máximo equivalente al IPC más un 0,25 por ciento

¿Cómo se determinará el factor? La ministra no ofreció datos al respecto, más allá de que se tendrán en cuenta la evolución de los precios, los ingresos y gastos de la Seguridad Social, así como sus “déficit estructurales”, precisó en un encuentro con la prensa.

Para ello, se tomarán en consideración las medias durante once años de una serie de datos económicos aún por definir. De esta manera, “las crisis y los superávit se moderan”, afirmó.

Sin embargo, los sindicatos creen que el nuevo sistema conlleva una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. Sin embargo Báñez aclaró que “a medio y largo plazo” los pensionistas no perderán poder “real” de compra. “En años de bonanza los pensionistas van a ganar algo más de poder adquisitivo”, precisó.

El nuevo índice corrige la fórmula presentada en junio por el comité de expertos, que era muy “volátil”, según Báñez, con algunos casos de subidas de hasta el 7 por ciento en años de bonanza y bajadas del 4 por ciento en años de crisis.

En cuanto al factor demográfico, el Gobierno propone implantar el nuevo sistema en 2019. Se trata de una fórmula que tendrá en cuenta la esperanza de vida de los nuevos pensionistas en el momento de comenzar a cobrar la prestación. El cálculo se realizará según un sistema parecido al que se usa actualmente para calcular las prejubilaciones”, aclaró Báñez.

Según la ministra, el nuevo modelo se revisará cada cinco años y las nuevas pensiones resultantes serán “similares” a las causadas con el actual sistema.

No gusta a los sindicatos

Los sindicatos discrepan del sistema propuesto por el Gobierno. Según el máximo responsable del ramo de CCOO, Carlos Bravo, “la negociación será compleja y difícil”. “El Gobierno ha ido más allá de lo pactado en 2011”, lamentó al constatar que el Ejecutivo “modifica el actual sistema de revisión de las pensiones en función del IPC”.

CCOO rechazó la supresión del IPC como sistema de actualización, si bien se mostró dispuesto a discutir un nuevo sistema, tras admitir que el el Pacto de Toledo abre la puerta a una modificación del sistema de revisión en función de los precios.

En la misma línea, Carmen López, responsable de UGT, afirmó que la solución del sistema de pensiones está en el mercado de trabajo y no en una bajada de las prestaciones. “Entendemos que hay una pérdida de poder adquisitivo y que va a haber una bajada de pensiones”, lamentó.

Además, los sindicatos descartaron avanzar posibles respuestas a la reforma, si bien advirtieron que no les gustaría que se “impusiera” una reforma de las pensiones. “Sería la primera vez desde 1995”, avisaron.