Al margen del ruido y la furia secesionista que azota Cataluña los días previos al 11 de septiembre, cuando una cadena humana aspira a recorrer la comunidad de punta a punta para reclamar la independencia, una decena de instituciones de la denominada sociedad civil han entregado a Artur Mas un documento con 30 propuestas para que aborde la reforma urgente de las administraciones públicas.

Organizaciones de la sociedad civil catalana que forman parte del Fòrum de Entidades por la Reforma de la Administración (Fera), han pedido al presidente de la Generalitat una implicación directa del máximo nivel político e institucional para abordar urgentemente la reforma de las administraciones públicas en Cataluña. Una reforma que consideran “imprescindible y urgente” en el actual contexto político y socioeconómico, para salir de la crisis, y «más todavía para quien defienda un escenario de mayor autogobierno», explican en el texto.

Las integrantes del Fera que firman la propuesta son los colegios de Economistas de Cataluña, de Ingenieros Industriales, de Politólogos y Sociólogos, la patronal vallesana Cecot, la Cámara de Comercio de Barcelona, la Asociación Catalana de Gestión Pública (ACGP), la de Técnicos de Administración de la Generalitat (Atagec), Mesa del Tercer Sector y Club de Dirección Pública Esade Alumni.

En el documento se hace un breve diagnóstico de la situación y exponen que las administraciones públicas son cuantitativa y cualitativamente muy importantes y que no hay exceso de trabajadores públicos –aunque señalan que se podrían reducir puestos de trabajo bajo régimen funcionarial–, pero sí hay problemas de eficiencia y productividad.

El texto agrupa las 30 propuestas en seis conceptos: política y gestión, gobernanza, profesionales, responsabilización, buen gobierno y ética pública e innovación. Las entidades firmantes piden reducir las duplicidades entre administraciones favoreciendo la gestión de proximidad, apoyan la colaboración público-privada, y animan a seguir eliminando burocracia y simplificando la normativa, a la vez que innovando con la administración electrónica.

Proponen reconocer a los profesionales públicos excelentes y aplicar sanciones a los «incompetentes o con escasa vocación de servicio y profesionalidad», así como actualizar el sistema de oposiciones e incorporar periodos de prueba. También defienden mejorar la transparencia y la aplicación del control y rendición de cuentas de los organismos con financiación pública e «incorporar medidas efectivas de asunción de responsabilidades y definir sus consecuencias».

Las entidades firmantes inciden en que «no se trata de hacer menos o más de lo mismo, sino de hacerlo mejor», y en que crear estructuras de Estado, como aspiran los independentistas, “no significa necesariamente hacer crecer las organizaciones públicas, sino mejorarlas, empezando por las existentes”.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya dijo en su investidura que esta reforma es uno de sus grandes objetivos de legislatura, y en junio presentó un informe de las administraciones públicas en que el Ejecutivo ya llevaba trabajando más de seis meses, y que persigue simplificar la administración, adelgazar su estructura y evitar duplicidades.

La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega ya dijo en junio que el gobierno catalán no se sentía aludido por ese informe del Gobierno central, porque la Generalitat tiene un modelo propio de reforma de la administración autonómica y local, y apuntó a que el gran trabajo de reducción y racionalización pendiente está en el ámbito del Estado.