La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció este miércoles que ha encargado un informe a la OCDE para que «ayude» al Ejecutivo en el «seguimiento y ejecución» de las 218 medidas que presentó en junio para racionalizar y modernizar las administraciones públicas y evitar duplicidades.

Además, la vicepresidenta avanzó que en estos meses ya se han ejecutado «más de la mitad» de esas propuestas y ha dicho que este mes empezarán con la supresión o fusión de los 57 organismos y entidades públicas de carácter estatal.

Sáenz de Santamaría presidió en el Palacio de la Moncloa la reunión de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que presentó el 21 de junio un extenso informe con más de dos centenares de propuestas de racionalización de las administraciones y medidas estructurales sobre el empleo público con las que el Gobierno calcula un ahorro de 37.000 millones de euros entre 2012 y 2015, cuando se prevé su completa implantación.

La vicepresidenta del Gobierno señaló que la OCDE hará una evaluación de cómo se va implantando la reforma de las administraciones, ya que, se trata de un «organismo independiente» que impide al Ejecutivo «caer en la autocomplacencia».

«Será el encargado de ayudarnos y de espolearnos en la adopción de las medidas«, indicó, para añadir en las próximas semanas habrá «observadores» en los distintos ministerios para analizar como se está llevando a cabo esta reforma.

Tras repasar las medidas que el Gobierno ha aprobado este mes de julio y agosto, Sáenz de Santamaría informó que este viernes el Consejo de Ministros aprobará otras dos: el reglamento que desarrolla la Ley de Reconocimiento y Protección integral de las víctimas del Terrorismo, que facilitará el «acceso privado y telemático» de las víctimas a sus expedientes en relación con las ayudas que prestan las administraciones; y el reglamento del dominio público hidráulico para crear una base central del agua que «permita ser más eficientes en la utilización de los recursos».

Septiembre

La vicepresidenta adelantó que este mes de septiembre se impulsará un amplio paquete de medidas, entre ellas la que aboga por «extinguir, fusionar o reorganizar los 57 organismos y entidades públicas de carácter estatal recogidas en el informe de la CORA. «Este mes será clave para iniciar y en lo posible culminar este proceso», ha enfatizado.

Entre esos 57 organismos que se están analizando figura el Consejo de la Juventud, la Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de Consumo, el Servicio Militar de Construcciones, el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina. También se empezará más adelante con la supresión de una decena de consorcios y 90 observatorios.

Igualmente, Sáenz de Santamaría explicó que en estas semanas remitirán a las Cortes el proyecto de ley que autorice a elaborar 17 textos refundidos en relación con leyes que han cambiado con frecuencia, al tiempo que se pondrá en marcha el tablón edictal único y se establecerá un punto neutro para el embargo de pagos de las administraciones públicas.

Reorganización de los servicios telegráficos

La vicepresidenta del Gobierno avanzóque ya está en marcha el proceso para vender más de 15.000 inmuebles del Estado, entre fincas urbanas y rústicas «infrautilizadas», así como la creación del comité para la administración judicial electrónica o la cita previa en los servicios públicos de empleo.

Como ejemplo de que el Gobierno está aplicando a rajatabla las medidas aprobadas el pasado mes de junio, destacó que el Ministerio del Interior ha aprobado la contratación centralizada de energía eléctrica que supone un ahorro anual de siete millones de euros (de un presupuesto de 40 millones).

«Esto pone de manifiesto que sin pérdida de calidad del servicio y sin generar problemas al usuario se pueden llevar a cabo ahorros importantes«, añadió.

Aparte de poner en marcha las medidas incluidas en la CORA, manifestó que el Gobierno sigue incorporando medidas para mejorar la actuación de las administraciones. Así, dijo que se ha incluido la relativa a la reorganización de los servicios telegráficos de la Administración General del Estado.

Finalmente, Sáenz de Santamaría afirmó con rotundidad que el Gobierno se toma en «serio» la implantación de estas medidas y confirmó que el próximo 21 de septiembre presentarán el informe trimestral de cumplimiento del informe de la CORA, que se convertirá en un índice.