El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, ha vuelto a dar un giro al complejo panorama que se perfila de cara a la junta de accionistas que este jueves se celebra en Pontevedra. En una misiva a los accionistas de la compañía y, junto con las disculpas por posibles errores en la gestión, Sousa se pronuncia a favor de un «cambio de caras» para el consejo de administración y la presidencia que saldrá de la junta.

Para ser coherente con esta premisa, Sousa anunció ayer martes su renuncia a presentarse a la reelección como presidente e, incluso, a consejero en el nuevo órgano de gobierno de la pesquera. Y en la carta pone de manifiesto, una vez más, que los hasta ahora consejeros son también responsables de la crisis que atraviesa la multinacional gallega. La conclusión del expresidente es similar a la reflexión anterior: es necesario una renovación y que otras personas se hagan cargo de Pescanova, por más que tendrán las competencias limitadas por el administrador judicial, Deloitte, y por el juez, dada que la firma está acogida al concurso de acreedores.

En este contexto es previsible que su 7% de acciones de apoyo a la lista propuesta por el fondo estadounidense Cartesian y Aemec, asociación de accionistas minoritarios. Esa una posición que además sería lógica, dados los fuertes enfrentamientos que ha mantenido con la cervecera Damm, controlada por la familia Carceller, y el fondo luxemburgués Luxempart. No obstante, todo apunta a que este grupo, que contaría con el respaldo del 40% del capital, ganará la junta por lo que José Manuel Urgoiti sería el presidente. Deloitte intentó ayer, sin éxito, que se consensuara una lista única.

Por otro lado, unas horas antes de la junta se ha conocido que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera que existen motivos para juzgar al presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller, y tres de sus colaboradores, entre ellos uno de sus hijos, por defraudar presuntamente 72,04 millones a Hacienda y cometer un delito de blanqueo de capitales. Así consta en un auto dictado este miércoles por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que transforma las actuaciones en procedimiento abreviado, decisión equivalente al procesamiento, y da un plazo de veinte días a la fiscalía y el resto de partes personadas en el proceso para que formulen su escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento.

Además de Demetrio Carceller Coll, al que se atribuye desde los años noventa «una actividad dirigida a ocultar que su residencia efectiva y real radicaba en España», el juez dirige la acción penal contra su hijo, Demetrio Carceller Arce; el abogado del despacho Petrus de Barcelona Gabriel Ignacio Pretus Labayen; y su «hombre de confianza», José Luis Serrano Flórez.