La representación legal de Rosalina Ynoa, que dirige Baltasar Garzón, ha presentado este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela un recurso de apelación parcial contra el auto de 4 de septiembre. En el auto del día 4, el juez admitió parte de las peticiones de los abogados de Rosalina Ynoa, en concreto las de librar oficio a ADIF y a Renfe Operadora para que remitan copia de las actas de los consejos de administración «en los que se acuerdan o deniegan medidas de seguridad en relación con la explotación, administración y uso del tramo de la línea ferroviaria que une las estaciones de Orense y Santiago de Compostela». Pero se rechazó la solicitud de otra serie de diligencias que son las que ahora se exponen de nuevo.

Solicita también que se libre oficio al Ministerio de Fomento para que remita copia de los estudios técnicos para determinar si la instauración y desarrollo del sistema Ertms estaba prevista desde el momento de la planificación de la red ferroviaria, así como la necesidad del mismo. En su escrito de alegación, considera «pertinente» una explicación sobre las razones de por qué se decidió no instalar dicho el citado sistema.. Acerca de la imputación del responsable de seguridad, arguye que Renfe Operadora, al pedir la desconexión temporal del Ertms, «puso en peligro la seguridad de los pasajeros», más aún al mantenerlo al menos hasta el momento del accidente para evitar ‘fallos del sistema’.

Rosalina Ynoa, cuyos intereses legales representa Ilocad, bufete jurídico dirigido por Baltasar Garzón Real, era directora de la Unidad de Cooperación Internacional en el Ministerio de Economía de la República Dominicana; tenía 43 años y cuatro hijos.

Por otro lado, Adif recurrirá el auto de instrucción del magistrado Luis Aláez, que investiga el accidente de tren del pasado 24 de julio en Santiago de Compostela, y que el martes señaló que llamará a declarar como imputados a los presidentes de Adif desde que se inauguró el tramo del siniestro.

El magistrado, en un auto emitido el 10 de septiembre, solicitó a Adif, a través de su representación procesal, que facilite la identidad «de todas las personas que han sido presidentes y vocales» del consejo de administración desde que se inauguró el tramo en el que se produjo el siniestro