El gasto en prestaciones por desempleo superará los 30.000 millones de euros en 2013, una suma que desborda en 2.000 millones la previsión del Gobierno, según augura un estudio elaborado por Asempleo, la asociación que agrupa a las principales empresas de trabajo temporal (ETT) del país, desde donde se aprovecha la publicación del estudio para exigir al Ejecutivo que frene el gasto prestaciones previsto para el tramo final del año.

El informe de Asempleo publicado este jueves cifra en más de 2.000 millones el desfase existente entre la previsión del Ejecutivo, plasmada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, y la estimación que la propia asociación de empresas de trabajo temporal efectúa, después de conocer los datos del paro registrado del pasado mes de agosto.

El déficit se produce a pesar de que en el mes de julio –el último con datos disponibles- el gasto en prestaciones por desempleo cayó por quinto mes consecutivo. Una caída debida en primer lugar a la reducción del número de beneficiarios hasta los 2,87 millones, frente a los 2,92 millones de julio de 2012; pero también por el descenso en la cuantía media de la prestación (821 euros mensuales, frente a los 842 euros de hace un año).

Así, Asempleo recuerda que la factura por prestaciones por desempleo prevista en los PGE asciende a 28.000 millones de euros; es decir, 3.800 millones menos que en 2012.

Nuevos incentivos para sancionar a los parados

La negra previsión económica de Asempleo coincide en el tiempo con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los nuevos criterios que regirán la gestión del desempleo por parte de las comunidades autónomas a partir de 2014. Como principal novedad, el boletín detalla el nuevo sistema de incentivos por el cual los Ejecutivos autonómicos verán aumentar hasta el 40 por ciento el porcentaje de sus ingresos que depende del cumplimiento de unos objetivos, también publicados en el BOE.

El nuevo baremo para la gestión del desempleo pretende estimular a las comunidades autónomas en la batalla por su porción de los 3.700 millones anuales a que el Gobierno del PP ha reducido la abultada suma dedicada a políticas activas de empleo, frente a los 7.000 millones que se venían repartiendo con anterioridad.

Así, a partir del próximo año, el Ejecutivo premiará a las comunidades autónomas que combatan el fraude en la percepción de prestaciones por desempleo. En la práctica esto supondrá que parte de los ingresos de las comunidades autónomas en esta materia dependerán del número de desempleados a los cuales se sancione hasta el límite de perder su derecho a la prestación.

El BOE recoge también otros criterios para el reparto de los fondos ligados a las políticas activas. También se premiará el número de jóvenes colocados en un plazo máximo de cuatro meses después de que estos terminen sus estudios o se apunten al desempleo; así como el éxito a la hora de encontrar empleo a colectivos que tienen especiales dificultades a la hora de la inserción laboral como son los mayores de 55 años, los parados de larga duración y los perceptores del programa Prepara, los llamados 400 euros.

Además se medirá el grado de satisfacción con los cursos formativos y la atención personalizada según el itinerario de cada persona atendida, así como la asesoría que se preste a las personas que quieran emprender un negocio mediante su conversión en autónomos. Por otro parte se contabilizará la eficacia de la colaboración entre los servicios públicos de empleo y las agencias privadas de colocación a la hora de encontrar trabajo a las personas desempleadas.

Prueba a la reforma laboral

Volviendo al estudio de Asempleo, la asociación destaca que el Ejecutivo cuenta con margen si quiere corregir la desviación del gasto asociado al desempleo. Este margen provendría del ahorro previsto en el pago de intereses de la deuda gracias al buen comportamiento que viene experimentando la prima de riesgo que mide el sobrecoste del bono español sobre la deuda alemana.

Sin embargo, el estudio advierte que la estacionalidad desfavorable del otoño se traducirá en pérdidas adicionales de empleo, si bien a un ritmo progresivamente menor, que cifra en tasas del 2,5 por ciento  entre septiembre y noviembre, con un total de ocupados del 16,6 millones, en media, en los tres próximos meses.

“La economía española dejará la recesión muy pronto y empezará a crecer a ritmos más bien reducidos”, asegura José Antonio Herce, socio de AFI y responsable del estudio. En lo relativo a la creación de empleo, añade, “la verdadera prueba de la eficacia de las reformas laborales consistirá en comprobar que crecimientos anuales del PIB de alrededor del 1 por ciento conllevan aumentos sostenidos de la ocupación. Puede que lo veamos pronto”, vaticina.