El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves, gracias a la mayoría absoluta del PP y con el apoyo de nacionalistas vascos y catalanes, el decreto ley de protección a los trabajadores a tiempo parcial, que modifica las condiciones de acceso a prestaciones sociales de los ciudadanos que incluidos en este régimen laboral.

La reforma legislativa que afecta a los contratos a tiempo parcial, fue aprobada por el Consejo de Ministros en su última reunión antes de las vacaciones tras alcanzarse un acuerdo con los agentes sociales y con la mayoría de los grupos de la oposición que, sin embargo, han criticado la inclusión de modificaciones relativas a otros asuntos que nada tienen que ver con este tema.

No obstante, los ‘populares’ han conseguido sumar los votos de CiU, PNV, Foro Asturias (FAC) y Unión del Pueblo Navarro (UPN); mientras que UPyD y el PSOE se han abstenido, aunque sólo después de que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, haya anunciado que el texto se tramitará como proyecto de ley por la vía de urgencia, opción que ha sido apoyada por unanimidad de la Cámara.

Por su parte, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Amaiur y Compromís-Equo han votado en contra de la convalidación de la normativa, que da cumplimiento a sendas sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal de Justicia de la UE, que declaraban inconstitucional el anterior método de cálculo de las prestaciones de los contratos a tiempo parcial por ser discriminatorio, particularmente con las mujeres, que son las que más recurren a la contratación parcial.

Nuevas exigencias a los parados

Junto con esta modificación, el decreto ley también incluye cambios en la negociación de los procedimientos colectivos, se introduce la obligación de inscribirse como demandante de empleo y de renovar dicha demanda para poder percibir y conservar las prestaciones y subsidios del paro, y se reformulan los requisitos para poder cobrar estas prestaciones si se sale al extranjero.

En intervención en el Pleno, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha destacado este jueves que el decreto ley para la Protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, que precisa la nueva fórmula de cotización para acceder a pensiones contributivas para ese colectivo, supone un «acuerdo histórico», sobre todo para las mujeres, y ha agradecido a los agentes sociales el consenso alcanzado.

Báñez ha subrayado que este acuerdo beneficiará a 2,5 millones de ciudadanos, tanto futuros pensionistas como los que están tramitando actualmente sus solicitudes o los que las han visto rechazadas por no cumplir los años de cotización mínimos.

Para ello, se «flexibiliza» el periodo de carencia necesario para acceder a la jubilación contributiva adaptando ese tiempo a la parcialidad de cada trabajador de tal manera que no se les exija más tiempo que a los empleados a tiempo completo. Además, se aplicará un coeficiente global de parcialidad sobre toda la vida laboral, con lo que «entre el 30 y el 40% de las solicitudes denegadas en 2012 podrán acceder hoy a una pensión pública».

Críticas de UGT

Sin embargo, el sindicato UGT ha acusado al Gobierno de usar el real decreto-ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial para «camuflar» nuevas agresiones a los derechos de los trabajadores.

El sindicato afirma que el real decreto contiene cambios en la regulación de la protección social de los trabajadores a tiempo parcial, fruto del acuerdo con los agentes sociales del pasado 31 de julio, pero ve «inaceptable» que, al mismo tiempo, se haya aprovechado esta norma para incluir un número importante de cambios del marco normativo laboral, «dando una vuelta de tuerca en la regresión de los derechos de los trabajadores«.

Para el sindicato, entre los aspectos más preocupantes incluidos en esta ley están los referidos a los despidos colectivos. En este sentido, señala que es «inconcebible» que el decreto garantice la inmunidad a los grupos de empresa sin domicilio social en España al dejarlos fuera de los procedimientos que pueda iniciar algunas de las empresas del grupo.

No menos preocupante, añade, resultan los cambios en la regulación tendentes a evitar que los tribunales declaren nulos los despidos colectivos, en «clara respuesta a las demandas de los insaciables empresarios (…) que quieren tener la seguridad de efectuar despidos sin impedimentos judiciales».

Por otro lado, UGT afirma que las modificaciones efectuadas tanto en la Ley General de la Seguridad Social como en la Ley de Empleo en relación a las nuevas obligaciones y requisitos que se exigen a los perceptores de prestaciones por desempleo evidencian una «desconfianza y afán de control» hacia quienes carecen de empleo.