La compañías eléctricas integradas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Eon-Viesgo y Cantábrico), y también las que operan en el área de las energías renovables, no se conforman con el paquete de medidas legales, entre ellas el anteproyecto de ley energética, aprobadas por el Gobierno el pasado julio, de los que sólo prácticamente sólo ha entrado en vigor el real decreto que elimina los incentivos a la generación especial (eólica, termosolar, fotovoltaíca y biomasa, entre otras).

El objetivo, aunque las «batallas» no se presentan en general de forma colectiva ni incluso entre las empresas de energías renovables, es modificar aspectos del anteproyecto de ley en el trámite parlamentario y que además Industria cambie puntos de los decretos que todavía no han sido publicados en el BOE. También que el desarrollo de la ley, a través de las órdenes ministeriales recoja algunas de las opiniones del sector. Además que quedan pendientes dictámenes de la ya casi extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE), la conjunto normativo no podría entrar en vigor antes de que concluya el año.

Mientras, con la vuelta a la actividad política y parlamentaria retornan las reivindicaciones de las compañías, que se conducirán básicamente por la vía parlamentaria, pese a que en principio la mayoría absoluta del PP en las cámaras dificulta que se lleven a cabo modificaciones de calado. No obstante, en el sector se espera que los grupos parlamentarios puedan pactar enmiendas que suavicen los previsibles impactos de algunos de los artículos del anteproyecto de ley

Pero las integradas no defienden los mismos cambios que las renovables. Las principales críticas de Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa se centran en la retribución para las actividades reguladas, como distribución, que, a juicio de estas empresas, quedará por debajo del coste del capital, por lo que la realización de nuevas inversiones. Las advertencias ya realizadas se repetirán en las próximas semanas ante diputados y el Ministerio de Industria: se reducirán los proyectos y las compañías podrían tener más dificultades para atraer capital y para financiarse.

Y no sólo las críticas quedan ahí, también se rebate el reparto de los costes para reducir el déficit de tarifa por colectivos, que, en opinión, del sector grava a las empresas integradas y a los consumidores, frente al tratamiento de algunas de las tecnologías que generan el kilovatio más caro. Una polémica que se arrastra desde hace tiempo y que no parece haber encontrado una vía de consenso. Además están las empresas eólicas que quedan pendientes de los parámetros que se fijarán para la remuneración de sus activos, una vez modificadas radicalmente el sistema de retribución.

Por su parte, la agencia de calificaciones Fitch mantiene que los planes de Portugal para equilibrar los costes de su sistema eléctrico son más «creíbles» que los anunciados en España. La entidad señala que los planes portugueses para atajar su déficit tarifario -desfase entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico- van acompañados de una agenda detallada y un proceso de supervisión y se ven beneficiados de la independencia de la regulación. Unos elementos, añade Fitch, que están ausentes, o menos desarrollados, en el plan de trabajo de España.

Con el Gobierno extremeño anunciando la «decisión firme» de acudir a los tribunales para formular un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma energética y fondos que presentan demandas, especialmente los que han invertido en fotovoltaica, el Ejecutivo intenta evitar verse acosado por problemas en los tribunales, la respuesta de Economía e Industria se ha centrado por el momento en la realización de road show en Nueva York para explicar a los inversores las medidas adoptadas que pretenden acabar con el déficit de tarifa -el desajuste entre los ingresos y los gastos del sistema-, que ha generado una deuda que suma más de 27.000 millones de euros.

El recorte en los gastos implica una reducción global de 4.500 millones de euros anuales, de los que 2.700 millones serán asumidos por las empresas, 900 millones por los Presupuestos Generales del Estado y otros 900 millones por los consumidores.