El FMI quiere saber cuándo llegará el crédito a la economía productiva

17/09/2013

Miguel Ángel Valero. Activos fiscales diferidos y el impacto de las refinanciaciones sobre la solvencia centran el examen de los 'hombres de negro' a la banca

La cuarta visita a España de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), más conocida como ‘los hombres de negro’, vive su segunda jornada. Los encuentros con Bankia, Unicaja y Liberbank del lunes 16 de septiembre reflejan ya las principales preocupaciones de estos expertos, que preceden a las visitas del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Europea para comprobar si España está cumpliendo las condiciones del rescate a la banca y para examinar la situación de ésta. Los ‘hombres de negro’ de Bruselas y Fráncfort aterrizarán en Madrid el 23 de septiembre.

Una cuestión que preocupa al FMI es el impacto en las entidades de la revisión de las refinanciaciones de créditos tras el endurecimiento de los criterios implantado por el Banco de España precisamente por exigencia de Bruselas. No tanto en las cuentas de resultados, sino en los ratios de capital, en la solvencia de los bancos.

Como en visitas anteriores, los expertos del FMI han mostrado su preocupación por la evolución del crédito y por la lentitud de las entidades a la hora de financiar la economía productiva. Aspecto éste que consideran esencial para consolidar la incipiente recuperación. El temor es que las exigencias de solvencia contribuyan a cerrar todavía más el grifo de los préstamos.

Una tercera cuestión que interesa sobremanera a la misión del FMI son los activos fiscales diferidos de las grandes entidades financieras españolas. Están en juego unos 50.000 millones de euros, procedentes sobre todo de las provisiones sobre activos y créditos inmobiliarios impuestas por los conocidos como Guindos I y II. Basilea III no incluye a los activos fiscales diferidos como recursos de capital, por lo que el Gobierno quiere poner en marcha una reforma dando a éstos la consideración de créditos fiscales descontables ante Hacienda. De esta forma, como ya hizo Italia, estos activos fiscales diferidos sí podrán ser considerados como capital en Basilea III.

El problema es qué sucede con esos créditos fiscales si la entidad financiera entra en quiebra, y qué consecuencias puede tener, en ese caso, sobre el déficit público.

Absorción de Ceiss por Unicaja

Junto a estas grandes cuestiones sectoriales, la misión del FMI también estudia asuntos concretos de cada entidad. En el caso de Unicaja, la absorción del Banco Ceiss (Caja España Duero), que lleva negociándose desde hace casi tres años y que debería formalizarse definitivamente en octubre. Los ‘hombres de negro’ se reunirán con los gestores de Caja España Duero el miércoles 18, tras el contacto realizado con los de Unicaja el lunes 16.

Lo que más preocupa en este caso es las consecuencias de una nacionalización total de Caja España Duero, en pleno proceso de subasta de NCG Banco y de Catalunya Banc.

El FMI quiere comprobar la evolución de las entidades nacionalizadas en venta, y también el proceso de saneamiento de Liberbank y de BMN, con vistas a la salida a Bolsa en el segundo caso.

Hoy, martes 17, el FMI se reúne con NCG Banco, Cajamar, Bankinter y Popular. El 18, con Caja 3 e Ibercaja, además de Caja España Duero. El 19, con CatalunyaBanc, Sabadell, KutxaBank y Grupo Santander. Y el viernes 20, con CaixaBank, BBVA y BMN.

El FMI tiene previsto hacer públicas las conclusiones preliminares de su evaluación el 30 de septiembre, que es precisamente cuando vence el plazo fijado por el Banco de España para que las entidades adapten la clasificación contable de las carteras de crédito refinanciadas. Una semana antes comenzarán las visitas del BCE y de la Comisión Europea a Madrid. El informe definitivo del FMI estará listo a principios de noviembre. Y en la reunión del Eurogrupo y del Ecofin de ese mes se decidirá si España prorroga o no el programa de asistencia financiera de hasta 100.000 millones de euros solicitado en junio de 2012 para el saneamiento de la banca y que vence en diciembre. De esta línea se han utilizado 41.300 millones. En 2014 habrá nuevas pruebas de resistencia o ‘stress test’, que servirán para comprobar la situación real de las entidades.

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