La directora general de Seguros, Flavia Rodríguez-Ponga, anunció en el Foro de Alta Mediación Aseguradora (Fama) un nuevo empujón a las modificaciones normativas que afectan al sector. Motivos no le faltan. El supervisor europeo de seguros, Eiopa, tiene previsto aprobar el 25 de septiembre las guías definitivas sobre Solvencia II, y la Dirección General de Seguros trabaja a marchas forzadas en la orden ministerial que transpondrá esas guías a la normativa española, como ya anunció Rodríguez-Ponga en la Junta Consultiva de Seguros.
En los primeros meses de 2015 se hará la trasposición a la legislación española de Solvencia II, que entra en vigor en enero de 2016. Pero lo que más le importa a la Dirección General de Seguros es que las entidades comiencen a aplicar ya las directrices de Solvencia II sobre la gobernanza de las compañías.
Antes de un año estará listo, previsiblemente, el Real Decreto que desarrollará la nueva regulación de los comparadores, y la rentabilidad esperada, aprovechando que hay que introducir en la normativa nacional las directrices de la Directiva de Igualdad de Género, que impide utilizar el sexo como único factor de fijación del precio de los seguros.
En el caso de los comparadores, Rodríguez-Ponga considera que “es necesario un marco regulador ante el incremento de su uso”. La norma fijará que deberán ser mediadores de seguros. Algo que no afecta a los comparadores impulsados por grupos internacionales, como Rastreator.com, que se regula por la Ley de Mediación británica.
Facilitar las comparaciones
La rentabilidad esperada, que facilitará la comparabilidad entre seguros de Vida, depende de lo que suceda en Bruselas con la regulación de los Prips (Packaged Retail Investment Products), los productos financieros empaquetados. Esta norma “va a mucha velocidad, y probablemente se apruebe en marzo de 2014 y entre en vigor antes de que acabe la actual legislatura en el Parlamento Europeo”, señala la directora general de Seguros.
La norma sobre los Prips busca incrementar la comprensión y comparabilidad de los productos financieros, que tienen frecuentemente vinculados otros aseguradores; aumentar la transparencia y, sobre todo, armonizar la forma y el contenido de la información que las entidades suministran a los clientes en toda la Unión Europea.
La directora general de Seguros elude entrar en si la reforma de la previsión social complementaria debe realizarse después de que se alcance un acuerdo sobre las pensiones, recuerda que se ha cumplido el mandato del Gobierno de entregar un informe antes del 30 de junio, y que en diciembre se deben conocer las propuestas europeas sobre la Directiva de Planes de Pensiones, que es el plazo fijado por el Gobierno para que entre en vigor la nueva regulación, que introduce el factor de sostenibilidad y desvincula las pensiones del IPC.
Flavia Rodríguez-Ponga resalta que la solvencia del sector asegurador triplica el mínimo legal exigido, “lo que es un colchón que permite afrontar el impacto de Solvencia II, proyecto que ya tiene visos de realidad y con fechas encima de la mesa”.
También destaca el papel del seguro como “gran inversor institucional” en los mercados españoles.
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