El recorte de la producción de hidrocarburos, el aumento de las importaciones y los cortes de suministro para la industria son algunas de las consecuencias de la crisis energética que atraviesa Argentina, que ya es asumida en público por miembros del Ejecutivo y por el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Son circunstancias que adquieren más relevancia por la situación económica, las dificultades para financiarse en el exterior, la caída de los ratings y el significativo déficit comercial del país.

Y lo que más preocupa es la mayor dependencia del gas exterior que es el hidrocarburo más usado en Argentina, tanto en las centrales eléctricas, la industria como en los domicilios. La reducción de la producción conlleva un aumento de las importaciones y salida de divisas que no se puede permitir, tema en el que empiezan a coincidir Ejecutivo y oposición, así como las empresas que están además atrapadas por el efecto del control cambiario. Los datos muestran que durante el primer semestre, la producción de petróleo bajó un 3,5% en relación al mismo periodo del año anterior. En conjunto la factura energética del país en el exterior se acerca a los 9.500 millones de dólares.

Este escenario, mucho más deteriorado que el existente hace año y medio cuando fue uno de los temas que se puso como argumento para la expropiación del 51% de las acciones de YPF a Repsol, pesa en la estrategia del Ejecutivo de Buenos Aires. Si bien ha alcanzado un acuerdo con la norteamericana Chevron para explotar el yacimiento Vaca Muerta, clave en todo este proceso, intenta evitar que el Ciadi, en el que Repsol mantiene su demanda para que le pague 10.800 millones de dólares por la expropiación. Y así la estrategia de la presidenta Cristina Fernández y su equipo contempla, entre otras salidas, el pago unilateral de 1.500 millones de dólares.