Gobierno y agentes sociales retoman la negociación sin condiciones

14/01/2011

Maite Vázquez del Río. La primera toma de contacto tripartita abordó la reforma de las pensiones, el desarrollo de la reforma laboral, las políticas activas de empleo y la reforma de la negociación colectiva.

El diálogo social parece que comienza a encauzarse después de más de seis meses. Al menos, en el Ministerio de Trabajo se está haciendo una apuesta decidida porque así sea y, tras varias reuniones con las centrales sindicales para abordar la polémica reforma de las pensiones por el rechazo mostrado por UGT y CC.OO. a que se prolongue la edad de jubilación hasta los 67 años, el Gobierno ha decidido que se incorporen también los representantes de la CEOE.

De esta forma, el diálogo tripartito (Gobierno, empresarios y sindicatos) parece recuperarse. En la primera toma de contacto y, con el acuerdo de no realizar ni una sola declaración y solo emitir un comunicado conjunto, Gobierno y agentes sociales han abordado los asuntos que formarán parte del que se ha dado en denominar «Pacto Social». Sin lugar a dudas la apuesta más decidida para convencer a los mercados de que deben confiar en la economía española.

Tras más de dos horas de reunión se constató en primer lugar la «voluntad de todas las partes por cosneguir un entendimiento».  En el escueto comunicado difundido tras la reunión, no obstante, se explica que tambíen se reconoce que en la negociación que se va a emprender existen «dificultades» ante los diferentes puntos de vista en muchas de las cuestiones que se abordarán.

En esta primera toma de contacto, los representantes del Gobierno, así como de la CEOE y de CC.OO. y UGT abordaron los temas que serán objeto de negociación. De esta forma se analizó cómo se encuentra la futura reforma del sistema público de pensiones, que el Gobierno se ha comprometido a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo 28 de enero, y donde la edad de jubilación sigue siendo el punto discordante para alcanzar un acuerdo, ya que de momento ni el Ejecutivo ni los sindicatos parecen ceder en sus posiciones tras una intensa semana de reuniones.

El segundo aspecto a negociar será el desarrollo normativo de la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de junio de forma unilateral, que ya le ha costado la convocatoria de una huelga general. En un borrador remitido a los agentes sociales, el Gobierno ofreció un cambio significativo en los despidos objetivos (expedientes de regulación de empleo con 20 días de indemnización por año trabajado), asegurando que sólo se admitirán aquellos cuyas causas objetivas no sean temporales. Una de las demandas sindicales, que entendían que tal y como se había redactado iba a suponer un «coladero» para los despidos en España.

El tercer aspecto de negociación será todo lo referido a las políticas activas de empleo. Al Gobierno le corre prisa este aspecto, dado que en ellas se encuentran los nuevos planes de formación que se ha diseñado para los parados, a los que se les dedicará mayor asesoramiento (se incorporarán 1.500 nuevos asesores en febrero a los 1.500 existentes), y se destinarán 2.400 millones de euros a la formación, de los que el 60% estarán destinados a los desempleados. Hasta ahora sólo se dedicaba el 40% del presupuesto estatal para formación.

El último bloque de negociación se refiere a la reforma de los convenios colectivos. De momento, representantes empresariales y sindicales confirmaron ayer al Gobierno que prefieren realizar esta reforma por su cuenta, sin la intervención del Ejecutivo, aunque en el Ministerio de Trabajo tienen sus propias propuestas por si los agentes sociales siguen en avanzar en este tema, sobre el que se comprometieron en febrero de 2010 a tener la reforma en seis meses. Lo que sí está claro, según ha reconocido la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, es que la propuesta del Gobierno en ningún caso incluye «poner el contador a cero» en los convenios, como parece estar interesada la CEOE.

Por último, en la reunión se decidió por consenso de todas las partes «intensificar las conversaciones» a las que tanto el Gobierno como empresarios y sindicatos quieren que se incorporen todas las fuerzas políticas del arco parlamentario. Con esta incorporación pretenden que también los partidos políticos sehan «copartícipes» del proceso.

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