El presidente del Congreso, Jesús Posada es un hombre sensato y conciliador, y está dispuesto a desmentir la afirmación de los socialistas sobre la falta cultura democrática del PP tras el rechazo de la Mesa del texto de las mociones del PSOE y de IU sobre las supuestas falsedades de Mariano Rajoy en el grave asunto del extesorero Bárcena. Posada se en ahormar al lenguaje parlamentario los textos que plantearon los socialistas y la Izquierda Plural, y nadie duda de que lo conseguirá. Los tropezones de Rajoy con la verdad no deberían hacerle merecedor del calificativo de “mentiroso”, por escrito, en una moción parlamentaria para la posteridad.

Por otra parte, Posada entiende que las mociones consecuencia de las interpelaciones que realizaron Soraya Rodríguez y Cayo Lara en el penúltimo pleno, han de ser defendidas y votadas. Pero deberían referirse a los hechos y no al mundo mundial. Si desapareciera el arte de mentir es muy probable que arrastrara consigo más de la mitad del discurso político y en torno al 90% de los políticos. Había un presidente de una republiqueta que prometió no robar y cuando le pillaron con las manos en la pasta y reprocharon: “Usted nos prometió que no robaría y ha robado”, él contestó: “En efecto, les prometí eso; lo que no les prometí es que no mentiría”.

Viene ello a cuento de las reiteradas promesas de Rajoy de “decir siempre la verdad”. España necesitaba “un presidente que diga la verdad” y ese presidente quería ser y es Rajoy Brey. Pero esto de la política es muy duro y ya sabemos en qué quedaron todas sus promesas sobre la fiscalidad, la enseñanza, la sanidad y, ahora, las pensiones. Este fue en opinión del cronista el debate principal de la sesión del día de Santa Aurelia entre la ministra Fátima Báñez y su antecesor Valeriano Gómez. El resumen es bien sencillo: la ministra de lo que no hay (empleo) defiende un ajuste de cuentas a los pensionistas con el único argumento de que Zapatero las bajó y congeló. Y el socialista Gómez, aparte de matizar el aserto, denuncia que la fórmula elegida para establecer eso que llaman “factor de sostenibilidad” es una bajada en toda regla y supone una quita de 33.000 millones de euros a los pensionistas hasta 2020.

Si la Seguridad Social no tiene superávit –y no lo podrá tener en muchos años a causa del desempleo y de la reducción de los salarios–, las pensiones no se revalorizarán conforme al IPC. En 2012 ya no recibieron la paga por el desfase, debido a que los 2.000 millones de desembolso desajustaban el déficit comprometido con Bruselas. Y en el futuro no crecerán más del 0,25% establecido en la reforma. La pensión del abuelo –la media no llega a 800 euros al mes– con la que sobreviven millones de hijos y nietos en paro, ya no alcanzará para comprar alpargatas, comer garbanzos –como quería don Manuel Fraga que en paz descanse– y pagar el gas de la catalítica. He aquí el resumen: vendrán muchos inviernos muy fríos.