La institución empresarial decana en España, Fomento del Trabajo Nacional, fundada en 1771 y promotora en la Transición española de la CEOE, insiste en la necesidad de conseguir un pacto fiscal entre Cataluña y el resto de España sin negar el derecho de los catalanes a ser consultados. Es un sí a la consulta soberanista pero también un no al situar al empresariado catalán en su hábitat natural: la economía y el triángulo del diálogo, la negociación y el pacto al que está acostumbrada la patronal en sus relaciones con las administraciones y los sindicatos.

En declaraciones a Catalunya Ràdio,Joaquim Gay de Montellà, presidente de Fomento del Trabajo Nacional, se ha mostrado favorable a la celebración de una consulta soberanista siempre que esté amparada por el marco legal, pero ha subrayado que su entidad no se tiene que dedicar a la actividad política. El presidente de la institución empresarial ha defendido que la patronal trabaje por el progreso económico sin meterse en política, con lo que ha justificado la decisión de no entrar en el Pacto Nacional del Derecho a Decidir, aunque avalando el manifiesto que ha elaborado el ex presidente del Parlament Joan Rigol. «En una plataforma tan plural y de un contenido tan específico del ámbito político y social, no somos los actores», ha dicho en declaraciones a Cataluña Radio.

Gay de Montellà ha afirmado que las posiciones de Fomento deben estar en los ámbitos económicos y laborales, aunque escuchando lo que dice el ámbito político. En su opinión, «no ha sido especialmente difícil haber alcanzado la unanimidad» en la junta directiva de Fomento celebrada anoche, lo que considera especialmente importante para mantener la unidad empresarial, y ha reiterado su apoyo al diálogo entre Cataluña y el resto de España dentro de la legalidad.

El presidente de Fomento ha descartado así la posibilidad de un cambio de actitud cuando el denominado Pacto Nacional del Derecho a Decidir evolucione políticamente.

La junta de Fomento, formada por un centenar de empresarios, decidió en una sesión que sólo duró 20 minutos suscribir el manifiesto por el derecho a decidir en un contexto legal, aunque descartó incorporarse a las reuniones del Pacto Nacional, para mantenerse al margen de la «acción política».

El manifiesto de Rigol señala que Cataluña es una nación y que «toda nación tiene derecho a decidir su futuro político», y urge a que se establezca un diálogo con las instituciones del Estado «para encontrar las condiciones legales para ejercer este derecho a decidir».