Los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados rechazaron hoy en bloque la reforma de pensiones propuesta por el Gobierno. Una falta de apoyos que amenaza la continuidad de la reforma, según advirtieron desde los escaños de la oposición. Aunque el PP tiene apoyo suficiente para sacar adelante la norma, un cambio de mayoría podría echar por tierra la reforma en próximas legislaturas. Exactamente la situación que pretendía evitar el Pacto de Toledo.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, tuvo que escuchar hoy las críticas a su reforma de pensiones y la inestabilidad que genera. En líneas generales, los grupos se mostraron abiertos a negociar el factor de sostenibilidad, que tiene en cuenta el factor demográfico. Pero rechazaron en bloque el nuevo índice de revalorización, que fija un techo y un suelo al crecimiento de las pensiones, y dice adiós al IPC como mecanismo de actualización. Y que, según la oposición, acarrea pérdida de poder adquisitivo a los pensionistas.

“El Pacto de Toledo pretendía proteger las pensiones de las mayorías absolutas”, le espetó a la ministra el diputado de CiU, Carles Campuzano. “Lo razonable es que, si ustedes pierden la mayoría absoluta, una nueva mayoría la retire; esto es lo que se pretendía evitar”, advirtió el diputado catalán, que instó a Báñez a retirar el proyecto de ley y comenzar de nuevo con la tramitación de la norma, aunque esta vez en el seno del Pacto de Toledo, la comisión que vela por por la buena marcha del sistema público de pensiones.

La oposición pidió de manera unánime la retirada del índice de revalorización. Esta fórmula, cuya entrada en vigor se prevé para enero, suprime la actualización anual en función del IPC previsto y fija un suelo del 0,25 por ciento a las subidas, y un techo del IPC más 0,25 por ciento. Un mecanismo que “no es técnicamente una congelación, pero se le parece mucho”, significó Valeriano Gómez, exministro socialista quien confirmó además que la reforma ‘popular’ “no durará más” que el tiempo que el PP permanezca en el Gobierno.

“No hay ningún país que tenga una fórmula como la que ustedes proponen”, continuó Campuzano. “Y los que han abandonado el IPC, han vuelto a él, porque no podían garantizar el poder adquisitivo de sus pensionistas”, agregó.

Otros grupos también defendieron la continuidad del IPC como forma de actualizar las pensiones. “Es falso que sea inflacionista”, defendió el portavoz de Izquierda Plural, Joan Coscubiela. “Porque se calcula sobre la inflación pasada”, añadió. “Y si lo es, es por culpa del IPC, no de las pensiones”, concluyó, tras insistir en que la Seguridad Social tiene “dos retos: uno a largo plazo, el demográfico, que es de gasto y se concretará entre 2027 y 2040; y otro a corto plazo, que no es de gasto, sino de ingresos”.

“Es un recorte de 33.000 millones hasta 2019”, afirmó el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, para quien la reforma supone “un cambio de modelo” que recortará un 20 por ciento la pensión de la generación a la que restan 20 años para jubilarse. “Mucho tenemos que hablar para ver cómo se arregla este estropicio normativo que nos plantean”, subrayó.

Por su parte, UpyD se mostró abierto a discutir cómo mejorar el factor de sostenibilidad. El diputado de la formación instó al Gobierno a incluir otros criterios, como el género, la renta, a la hora de calcular la pensión inicial en función de la esperanza de vida, según detalló el diputado Álvaro Anchuelo. En cambio, UPyD rechazó aplicar el índice de revalorización ideado por el Gobierno, al entender que se fijan unos topes “que no son simétricos” y que impedirían a los pensionistas recuperar el poder adquisitivo a igual velocidad a la que lo pierden.

En esta línea, CiU propuso crear un índice específico para la revalorización de las pensiones que recoja la evolución de alimentos, electricidad y otros suministros, lo que “más afecta a los pensionistas”, dijo Campuzano, quien criticó la “grave irresponsabilidad” que a su entender comete el Gobierno al “aumentar el empobrecimiento de los pensionistas a corto plazo”.

Otros 6.150 millones del Fondo de Reserva

Al inicio de su intervención, Báñez informó de que el Gobierno extraerá otros 6.148 millones de euros del Fondo de Reserva este año. Este mismo martes se dispondrá de 720 millones, con lo cual la llamada ‘hucha de las pensiones’ habrá cedido entre 2012 y 2013 un total de 24.000 millones destinados a enjugar el déficit del sistema de pensiones, según recordó la titular de Empleo.

Báñez también rechazó la falta de apoyos de la reforma que goza en cambio del respaldo de organismos como el FMI, la OCDE y la Comisión Europea, que entiende que la nueva norma garantiza la viabilidad del sistema.

El Ejecutivo prevé tener aprobada la nueva norma antes del 31 de diciembre, tal y como hoy recordó Báñez, quien recalcó su disposición para buscar nuevos ingresos para el sistema de pensiones.

La ministra animó a los grupos a participar en el trámite parlamentario que se inicia ahora, y que tendrá lugar en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, y no en la del Pacto de Toledo, al carecer esta última de competencia legislativa. “La ley no está en vigor. Por tanto no hay que aparcar nada”, dijo en respuesta a los grupos que censuraron su “ninguneo” al Pacto de Toledo y pidieron la retirada del proyecto de ley.