El proyecto de almacenamiento de gas de Castor, situado en la costa mediterránea cerca de las comunidades de Valencia y Cataluña, con ser polémico desde su origen por el elevado coste para el sistema gasista por las fuertes inversiones requeridas -1.300 millones de euros-, está derivando en un problema que ni las más negativas previsiones contemplaban.

El Ministerio de Industria se vio obligado a cerrar la inyección de gas en el antiguo yacimiento de petróleo el pasado 27 de septiembre por los seísmos provocados en diversas localidades, muy por encima de lo que los expertos en geología consideran normales por el efecto de la entrada del combustible en estas infraestructuras. Se estima «aceptable» seísmos de 1,5 en la escala de Richter, pero no un grado de más de cuatro como se ha registrado que es lo que ha provocado la alarma y que pone en riesgo el futuro del almacenamiento.

A ¿qué se puede deber esta situación? Los expertos estiman que se debe a que la configuración del antiguo yacimiento, que provoca que las rocas no están resistiendo la entrada del llamado gas colchón que es el primero que en inyectase, por lo que se duda que los estudios geológicos hayan sido idóneos. Es una idea que preocupa en la Generalitat catalana que, además de exigir la paralización de la inyección de gas, ha solicitado el informe original y ha iniciado un estudio sobe las posibles causas. En este contexto el consejero de la presidencia, Francesc Homs ha asegurado que se reservan posibles medidas legales contra las empresas implicadas.

La compañía concesionaria del proyecto Escal UGS está participada al 66,6% por ACS y el 33,3% por la canadiense CLP, y, aunque estaba previsto que entrase Enagás, ahora está todo en el aire. Fuentes consultadas estiman poco probable que Castor salga adelante, por lo que se piensa en una solución técnica para el cierre y una económica para una inversión, que al ser reconocida como un infraestructura promovida por la Administración repercute en los costes del sistema gasista y en las tarifas, con un alza que podría ser superior al 6% en 2014. La CNE ya advirtió del efecto de Castor.

Pero ¿cómo se asumirá en caso de cierre la inversión que ya está concluida? Medios empresariales piden que asean asumidos por el Estado, aunque el tema está muy en fase inicial. Mientras para ACS, que soporta ahora los costes del proyecto, la situación no deja de ser complicada, y más teniendo en cuenta que la Generalitat advierte de que se puede querellar contra los posibles responsables de negligencias. Los 1.300 millones de euros han sido aportados por un consorcio de 19 bancos internacionales, cinco de los cuales son españoles.