Las empresas eólicas consideran que son las más perjudicadas por la regulación energética ya que, además de las normas que afectan a las renovables, sufrirán un fuerte impacto como consecuencia de otras medidas. El presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), José López-Tafall, ha manifestado durante unas jornadas sobre la reforma energética celebradas este jueves, 3 de octubre, que la eólicas van a tener que financiar costes regulados como los pagos por capacidad y la hibernación de ciclos combinados, según el proyecto de decreto.  

Ya como consecuencia de la eliminación del complemento por energía reactiva, a partir del 14 de julio, día en que entró en vigor el real decreto-Ley 9/2013 (la única norma de la reforma que ya es firme), la eólica dejó de ingresar 4,5 millones de euros sólo en los 18 días posteriores, según la última liquidación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). En 2014, esta cantidad ascenderá a 140 millones de euros.

Sobre las normas que afectan directamente a la eólica, López-Tafall afirmó que el citado decreto “cambia radicalmente el sistema, modifica sustancialmente las reglas del juego que atrajeron 25.000 millones en inversiones en los últimos veinte años, y sume al sector en la más absoluta inseguridad jurídica”. Añadió “se basa en una supuesta rentabilidad razonable muy alejada de la realidad de nuestro sector y nos condena a problemas financieros y a la incertidumbre”.

Se refirió también a la retroactividad de la norma y a la advertencia del Consejo de Estado, en su informe sobre la reforma energética, sobre el “enorme” riesgo que supone fijar retribuciones futuras sobre la base de hechos pasados. El presidente de la AEE estima que, en conjunto, las normas ya puestas en vigor le costarán al sector 600 millones este año. 

También Luis Casals, socio de Baker & McKenzie, destacó la inseguridad jurídica e incertidumbre que conlleva la reforma, así como la situación de conflicto que supone, “que no es buena ni para las empresas ni para la Administración”. A su juicio, hay dos focos de esperanza para las empresas: el informe del Consejo de Estado y que es “difícil imaginarse un escenario” en que la normativa española no se adapte a la europea.