La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este jueves en la Audiencia Nacional un escrito solicitando la apertura de juicio oral contra el que fuera presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Coll; su hijo y actual presidente, Demetrio Carceller Arce y otras dos personas como responsables de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales. Se solicitan 48 años y seis meses de prisión para el primero y 14 para el segundo. La familia Carceller es ahora, con más del 5% del capital, uno de los principales accionistas de Pescanova. Y José Carceller Arce es el consejero de la pesquera que más batalló contra el anterior presidente Manuel Fernández de Sousa.

En el escrito se señala igualmente una responsabilidad civil de más de 72 millones de euros por fraudes a la Hacienda Pública Estatal y a la de la Comunidad Autónoma de Madrid a la que deberán responder solidariamente los cuatro acusados, que además de los ya señalados son José Luis Serrano Florez, hombre de confianza de Carceller Coll, y el asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen.

El pasado 11 de septiembre, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictó un auto señalando que veía motivos suficientes para juzgarles por drefraudar presuntamente 72,04 millones a Hacienda y cometer un delito de blanqueo de capitales. El juez detallaba que, según los informes elaborados por la Agencia Tributaria, Carceller podría haber defraudado entre los años 2001 y 2009 un total de 42,34 millones de euros en concepto de IRPF y 29,69 millones más en relación con el Impuesto de Patrimonio

El escrito de Anticorrupción, de 42 páginas, detalla que Carceller Coll se ha dedicado a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda «cuando menos, desde el año 1990», simulando residir en Portugal y Reino Unido «con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España».

Así, el expresidente de la cervecera habría ocultado, según Anticorrupción, ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España para lo cual contó con la participación del resto de acusados.

Añade que, con este fin, utilizó «un entramado societario de estructuras fiduciarias tipo trust radicadas en paraísos fiscales como Panamá, Luxemburgo, Antillas Neerlandesas y Madeira. Dicho entramado fue creado con el asesoramiento del despacho de Grabiel Ignacio Petrus, que llamaba a su cliente con el apodo «Jardines».

Según el Ministerio Público, tanto Carceller Coll como su mujer, María del Carmen Arce, han residido en España tanto en la capital como en Galapagar (Madrid), si bien para ocultarlo adoptaban numerosas medidas de precaución «tales como evitar frecuentar restaurantes o sitios de ocio; realizar sus pagos en efectivo o delegar en su hijo», Carceller Arce, la firma de cualquier negocio u operación económica.

Todos los hechos atribuidos por Anticorrupción al empresario cervecero son constitutivos de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales de los que Carceller Coll debe responder como autor mientras que su «mano derecha», su hijo y su asesor deberán hacerlo como cooperadores necesarios.

Y al actual presidente de Damm Carceller Arce se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública, en concreto por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 y por el fraude sobre Impuesto sobre el patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal 2007, además de un delito de blanqueo de capitales. Se le piden por ello 14 años de cárcel y multas millonarias.

El escrito detalla las complicadas estructuras fiduciarias creadas y utilizadas para ocultar todos los intereses económicos de Carceller padre así como para revertir las cantidades defraudadas e incrementar así su patrimonio y rentas.

Se hizo a través de sociedades como Atlántica Petrogás S.A. (antigua Naviera Petrogás S.A.). De esta sociedad el empresario ostentaba un paquete a través de Aboukier Maritime S.A, participada a su vez por la sociedad de Madeira Roquesta Constultadoria E Servicios LDA. Entre ellas se adquirían participaciones que pasaban a formar parte de otras sociedades como la lusemburguessa List S.A o la alemana Bankhaus Hermann Lampen KG en lo que el fiscal denomina «Operación Nelson».

El escrito detalla operaciones similares para la ocultación de activos en otras sociedades como la «Piolin» (para ocultar paquetes accionariales en Inmuebles del Archipiélago S.A, Cursa, Syoc, Amicsa); la «operación Halfrond» (para ocultar inversión en Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.) o la denominada «operación de sociedades agrarias» (inversiones en Majanova, Garcibravo, Los Tojales, La Torre de Gudiamar; Paymogo, Azanaque y FM).

Anticorrupción contabiliza hasta seis de estas operaciones e incluye también en su escrito que Carceller Coll fue titular de diversas cuentas bancarias abiertas en JP Morgan y Citigroup; así como de sociedades instrumentales que a su vez figuraban como titulares de cuentas abiertas en estas entidades financieras.

Dichas cuentas bancarias, si bien operaban materialmente desde España, según Anticorrupción, estaban abiertas formalmente en oficinas bancarias del exterior, en concreto Citigroup Private Bank en Londres y JP Morgan en Bruselas, lo que contribuyó a conseguir la finalidad defraudadora perseguida por el expresidente de la cervecera.

También se le atribuye a Carceller Coll un ocultamiento de fondos a la hora de declarar los bienes heredados tras el fallecimiento de su hermana Josefina Carceller en lo que Anticorrupción denomina «Operación Tia Tula 2».

En este caso, heredó un total de 9.072.981, 54 euros y únicamente declaró 6.736.887,64. Sólo en esta operación defraudó al fisco 1,2 millones de euros. Hasta julio de 2013, según Anticorrupción, los intereses de demora devengados por dicha cuota ascendía a 486.418,56 euros.