También han organizado asambleas en los centros de trabajo como protesta contra la intención del Gobierno de retrasar la edad legal de jubilación a los 67 años.

Para los sindicatos, la prolongación de la jubilación supone una medida «injusta e innecesaria» para el sistema público de pensiones, e incluso advierten de que «pone en riesgo» el consenso social.

«Estamos dispuestos a buscar alternativas y propuestas que no pasen por un recorte injustificado de los derechos de los trabajadores», expresan en un comunicado conjunto.

Así pues, las centrales insisten en que irán aumentando «gradualmente» las movilizaciones en función de cómo se desarrollen las negociaciones con el Gobierno y la patronal para buscar un pacto global.

Precisamente hoy las tres partes retoman los contactos para enhebrar un acuerdo social y económico que logre salvar las distancias sobre la jubilación. Hasta el momento, se mantiene la voluntad de negociar hasta el 28 de enero, fecha límite que el Ejecutivo se ha marcado para reformar las pensiones.