UGT denunció hoy la “persecución” que en su opinión ha emprendido el Ministerio de Empleo en contra de los parados, tras conocer que el Ejecutivo endurecerá en 2014 las sanciones por cobro indebido del desempleo, según figura en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Estas sanciones conllevarán la retirada de la prestación a 400.000 parados, según prevé el Ejecutivo; esto es, a un 14 por ciento de los actuales beneficiarios de la prestación, calcula UGT.

UGT criticó con dureza al Gobierno tras conocer que el Ministerio de Empleo planea suprimir en 2014 la prestación por desempleo que cobran 400.000 desempleados, tal y como afirma el diario Expansión. Para ello, dice el periódico, se realizarán controles a casi todos los parados con prestación. La intención es ahorrar 2.100 millones de euros.

El sindicato recuerda que suprimir la prestación a 400.000 perceptores por fraude supone retirar las ayudas a un 14 por ciento del total de los parados beneficiarios de este derecho, lo cual triplica el volumen actual de sanciones.

El número de bajas por incumplir la obligación de participar en acciones de formación fue de 3.310 entre enero y julio de 2013, afirma el sindicato. En ese período, las bajas motivadas por la no renovación de la demanda de empleo ascendieron a 122.000, por lo que el sindicato se pregunta qué nuevos requisitos impondrá Empleo para lograr “triplicar” el número de bajas a partir de enero.

Además, la organización que lidera Cándido Méndez tilda de “insostenibles” los argumentos manejados por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien, aseguran, ha mostrado con anterioridad su extrañeza por la alta frecuencia de las altas y bajas en el sistema; mientras que, paralelamente, se anuncia un incremento de los controles que comprueben la disponibilidad de los desempleados para trabajar. “¿En qué quedamos? ¿En que entran y salen del Sistema con mucha frecuencia, o que no quieren trabajar?”, plantea UGT, desde donde recuerdan además que el presupuesto de los servicios públicos de empleo para 2014 se ha reducido un 5,8 por ciento con respecto a la previsión de ejecución del presupuesto en 2013; es decir, unos 1.800 millones menos.

Desvío de fondos de la formación

Por otra parte, Comisiones Obreras (CCOO) denunció este viernes que el Ejecutivo desviará 200 millones que deberían ir destinados a la formación de los parados a otras actividades, según figura en el proyecto de Presupuestos para 2014. Entre las actividades que se financiarán con los fondos de la formación profesional de los parados figuran la realización por parte de los parados que cobran prestación de trabajos en la Administración Pública; así como las ayudas a los empresarios para reducir sus pagos la Seguridad Social (en forma de bonificaciones); o la financiación de prácticas no laborales.

Según CCOO, el Gobierno planea detraer un 20 por ciento de los fondos de la formación de los desempleados y destinarlo a otros fines, según figura en el Anteproyecto que recoge los PGE para 2014. Estos fondos provienen de la cuota de formación profesional del 0,7 por ciento aportada por trabajadores y empresas. Y ello a pesar de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la utilización de la cuota de formación profesional.

“En 2014 los trabajadores desempleados dispondrán de un 20 por ciento menos de sus recursos para realizar una formación que les ayude a estar en mejores condiciones de obtener un empleo”, criticaron desde CCOO. Con ello, el Gobierno “prima la creación de puestos de trabajo precarios sobre la recualificación”, concluyeron.

La cuota de formación profesional es aportada por trabajadores y empresas, y tiene un carácter finalista, aseguran. Esto significa que los fondos obtenidos a través de ella, deben aplicarse a financiar las iniciativas de formación que integran el subsistema de formación profesional para el empleo, añaden.

CCOO recuerda la obligación de destinar los fondos a la formación de los desempleados, como recogen diferentes acuerdos alcanzados por los distintos Gobiernos y las organizaciones empresariales y sindicales, así como las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y distintas sentencias del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional valoró que la formación profesional no forma parte del sistema de Seguridad Social, ni las cuotas que se abonan por dicho concepto forman parte del sistema de la Seguridad Social, por lo que no pueden ser considerados parte de sus recursos, dice CCOO, que pide al Gobierno reconducir las ayudas y emplearlas “adecuar la cualificación de los parados a las demandas del mercado de trabajo”.