El Gobierno abonará a ACS los intereses por la inversión en Castor

08/10/2013

Tania Juanes. La Administración busca una solución que no le obligue a asumir los 1.400 millones de la inversión y responsabilizarse de los 200 millones de los costes financieros

Si complejo es el problema técnico que se ha abierto en el almacenamiento de gas Castor, situado frente a las costas de Castellón y Tarragona, por los seísmos que se vienen produciendo a raíz de la inyección de gas, el escenario financiero, con ser menos importante, está igual de enredado. Que la infraestructura no va a salir adelante, aunque se paren los movimientos sísmicos, es una cuestión que tienen asumidas todas las partes implicadas, con lo que la vía tarifaria parece descartada como “solución” con la actual normativa en vigor, y sólo podría incluirse en ella una parte irrelevante del conjunto de la inversión y los intereses que suman cerca de 1.600 millones de euros.

En este contexto empresas afectadas por este megaproyecto echan mano de normas para señalar que se trata de una concesión y que el Estado es el último responsable, por lo que a él le corresponde asumir los costes, tanto los de la construcción como los financieros. Y que además es posible en las circunstancias que se prevén que las empresas que se lo adjudicaron renuncien a él.

Desde Industria no se admite, en principio, esta interpretación tan literal, al tiempo que realizan una auditoria para chequear, entre otros temas, porque la inversión pasó de los 500 millones inicialmente previstos a los 1.400 finales, sin gastos financieros. Quedan otras cuestiones por analizar como si la empresa Espal UGS (controlada al 66% por ACS), gestora de la infraestructura, puede tener también alguna responsabilidad en los problemas que ahora han emergido.

Fuentes consultadas señalan que el Gobierno podría optar por la hibernación del proyecto, después de que se hayan solucionado temas técnicos como un posible sellado de la planta. En este apartado existen además otras dudas, ya que podría ser que si se saca el gas que ya se ha inyectado se produjesen nuevos movimientos. Pero la hibernación podría permitir que el Estado no tuviese, por el momento, que asumir el importe total de la inversión, aunque sí los costes financieros.

Se abre, por tanto, un periodo de negociaciones, porque Espal no quiere tener “aparcada” una inversión tan elevada como la que ha realizado. Además hay otros actores afectados. La promotora de la infraestructura, para mejorar las condiciones financieras colocó una emisión de bonos por 1.400 millones de euros, que fue adquirida en su mayor parte por inversores institucionales extranjeros, y que cuenta con la garantía por 200 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

En este contexto, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha ratificado que no se dará autorización para que la planta continúe su actividad hasta que no existan plenas garantías de seguridad para la población, aunque ha añadido que la hipótesis de cierre de la planta no se ha planteado de momento.”Ahora estamos en determinar por qué ha sucedido y  los técnicos nos puedan decir si hay plena seguridad para la población en el caso de que se abra”, ha manifestado.

 

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