Finalmente ha sido elevado a nueve el número de personas detenidas en la segunda fase de la operación ‘Heracles’, encuadrada en la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, traducida en ayudas arbitrarias y expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. Las actuaciones se han desarrollado en las provincias andaluzas de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, así como por Madrid, Segovia y Barcelona, y fuentes de la Guardia Civil han manifestado a Europa Press que tres de los nueve detenidos corresponden a la provincia de Sevilla, dos a Córdoba, dos a Málaga, uno a Segovia y a Cádiz.

Las actuaciones están siendo protagonizadas por los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, de momento, en la provincia de Sevilla ha trascendido la detención del director del Área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla, Enrique Rodríguez Contreras, quien ha sido inmediatamente cesado por la institución. Rodríguez Contreras, recordémoslo, fue gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en la provincia de Sevilla entre 2002 y 2004 y esta operación incluye el registro de su domicilio y el registro de su oficina en las instalaciones centrales de la Diputación, según la propia institución.

 Más registros

También en Sevilla mediaría la detención del exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto, así como el registro del domicilio de Juan Antonio Florido, exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO en Andalucía, quien ya fue imputado por la juez Mercedes Alaya en la causa. Florido no habría sido detenido, según informa la UCO.

Las actuaciones en Sevilla contemplan además el registro de la vivienda que posee en Gines Antonio Manuel Bustamante, presidente del consejo de administración de la sociedad anónima ‘Surcolor’, cuyo ERE figura en la investigación al incluir la prejubilación de dos hombres ajenos a la plantilla, uno de ellos marido de una exconcejal del PSOE y otro familiar del otrora alcalde socialista de Camas (Sevilla) y ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas. Bustamente, ya imputado en las actuaciones, está por cierto citado a declarar ante la juez Mercedes Alaya el próximo 24 de octubre.

De nuevo el restaurante ‘Río Grande’

Igualmente, los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado el restaurante Río Grande de Sevilla capital, ya investigado a cuenta del ERE promovido en 2005 pese a contar con beneficios y con la prejubilación de una mujer que no formaba parte de la plantilla, así como la vivienda de José María Sayago, copropietario de la empresa Matadero de Sierra Morena, perteneciente a la Sierra Norte de Sevilla, una empresa también investigada a cuenta de las ayudas percibidas con cargo a la partida presupuestaria 31L. José María Sayago, no obstante, tampoco habría sido detenido.

En Cádiz sí ha sido detenido el secretario general de UGT-Cádiz, Salvador Mera y en la provincia de Córdoba han sido detenidos un exdirigente de la unión provincial de CCOO llamado Francisco Casado y su propio hermano. En la provincia de Jaén, además, la Guardia Civil ha requerido a distintas entidades bancarias de la provincia información sobre movimientos de cuentas relacionadas con la trama, aunque no mediarían registros o detenciones.

La Diputación destituye a Rodríguez Contreras

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha destituido de su cargo al director del Área de Empleo e Innovación, Enrique Rodríguez Contreras, tras su detención en el marco de la segunda fase de la operación policial ‘Heracles’, a su vez encuadrada en la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, traducida en ayudas arbitrarias y expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. Rodríguez Contreras fue gerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en la provincia de Sevilla entre 2002 y 2004.

Rodríguez Villalobos ha manifestado que el cese de Rodríguez Contreras es «temporal», porque «respetamos en un Estado de Derecho la presunción de inocencia de Enrique Rodríguez hasta que se produzca el fallo definitivo del caso». Su cese, de cualquier modo, surge tras su imputación, el registro de su domicilio y el registro de su oficina en las instalaciones centrales de la Diputación, según la propia institución. Las actuaciones corresponden a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Otro de los detenidos es el exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía Roberto Carmona Soto, han informado a Europa Press fuentes de la investigación. En el marco de la operación también se está registrando el domicilio particular de Juan Antonio Florido, exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO en Andalucía, que ya fue imputado por el juez Alaya en la causa, según las mismas fuentes.

A su vez, el secretario provincial de UGT-Cádiz, Salvador Mera, se encuentra entre los detenidos en la segunda fase de la denominada operación ‘Heracles’ que desarrollan desde primera hora de este martes agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en relación al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, según han confirmado a Europa Press fuentes del sindicato.

Las mencionadas fuentes, que han calificado de «muy triste» la noticia de la detención de Mera, han avanzado que será la federación a nivel regional la que con toda probabilidad realice alguna comunicación o valoración oficial al respecto.

Cabe recordar que Salvador Mera fue reelegido el pasado mes de junio como secretario general del sindicato UGT en Cádiz con el respaldo del 59 por ciento de los votos, cargo que ostenta desde noviembre de 2010.

Comparece la exministra Magdalena Álvarez

Por otro lado, la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha imputados sendos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

Abogados personados en la causa han informado a los periodistas de que, tras comunicarle los hechos que le imputa, ha comenzado el interrogatorio de la juez Mercedes Alaya a la imputada en un ambiente de «tranquilidad» y «plenamente normal, sin tensión alguna».

La magistrada le ha preguntado, para comenzar, sobre el sistema de las transferencias de financiación utilizado para el pago de las ayudas investigadas, y Magdalena Álvarez le ha contestado que dicho sistema no lo inventó ella, sino que «es una transposición de normas españolas» y que «ya existía» en otras comunidades autónomas españolas.

Según las fuentes, la imputada está contestando ‘no’ a la mayoría de las preguntas de la magistrada.

El auto de imputación

En el auto del pasado mes de junio donde la imputó junto a otros 19 cargos o exaltos cargos, la instructora dijo que la exconsejera «fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003″, no obstante lo cual «la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias».

La juez recuerda que, conforme a la Ley, «corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia», motivos por los que imputó tanto a Álvarez como a su entonces viceconsejero, José Salgueiro, que se acogió el pasado jueves a su derecho constitucional a no declarar.