Mientras que se ultima la auditoría sobre los costes del almacenamiento subterráneo de gas de Castor, situado frente a las costas de Castellón y Tarragona, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha mostrado parte de la estrategia de su departamento para no hacerse cargo del total de la inversión de la infraestructura, que se eleva a 1.700 millones de euros, como manifestó el jueves en el Congreso. Y ésta consiste en recurrir al Tribunal Supremo para que anule una cláusula incluida en la autorización administrativa que establece una indemnización en caso de que se paralice definitivamente el proyecto.

El más que previsible cierre de la infraestructura impide, con la normativa actual, que los costes de este almacén que forma parte de los activos regulados pasen a las tarifas de gas. Supondría un alza del 6% de la tarifa y tendría repercusión en un periodo de 20 años. Pero anulada esa vía, todo apunta a que el Ejecutivo y la sociedad afectada Escal UGS, participada al 66,6% de su capital por ACS, podrían enfrentarse en los tribunales, ya que la citada sociedad tiene concluida la inversión que financió con una emisión de bonos de 1.400 millones, de la que parte está respaldada por el Banco Europeo de Inversión (BEI).

Escal UGS tiene reconocida una inversión a retribuir de 1.273 millones de euros, a lo que se añaden otros dos conceptos: 186 millones por la inyección de gas colchón y 234 millones por los costes financieros soportados. De esta manera, el coste total del proyecto rondaría los 1.700 millones, frente a los 700 millones presupuestados inicialmente. Sin embargo, el ministro no aclaró quién tendría que sufragar estos costes en caso de que la instalación sea cerrada, aunque es posible que se opte por la hibernación.

Soria ha reiterado que todavía no se dispone de un informe definitivo sobre las causas, aunque todo apunta a que existe una «relación directa» entre los movimientos sísmicos y las inyecciones de gas. Los expertos coinciden además ahora en que no es procedente extraer el gas colchón inyectado porque «no se sabe cómo podría afectar al equilibrio de la estructura».