Los datos proceden de un informe estudiado este viernes por el Consejo de Ministros sobre los resultados en el año y medio que lleva aplicándose el Plan de lucha contra el fraude.

Al término de la reunión del gabinete ministerial, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que este plan de lucha contra el fraude es el «más ambicioso» de la Democracia, y ha incorporado, entre otras medidas, un conjunto de instrumentos legislativos y nuevos mecanismos de control contra el fraude de todo tipo.

En cuanto al desempleo, las actuaciones para frenar el fraude en ese tipo de prestaciones han permitido ahorrar 3.161 millones de euros en el pago de las mismas a «falsos» parados. Según detalló la vicepresidenta se hicieron investigaciones y comprobaciones que afectaron a 520.572 perceptores, es decir más de medio millón.

Fuentes del Ministerio de Empleo han precisado que se trataría de perceptores de prestaciones contributivas de desempleo, el subsidio de paro y la Renta Activa de Inserción (RAI) que no tenían derecho a la prestación por incumplimiento de requisitos o falta de disponibilidad para el empleo, entre otras cosas.

Según el informe, en el citado periodo de año y medio se han realizado más de dos millones y medio de actuaciones de control que han dado como resultado la sanción a 520.572 perceptores de prestaciones por desempleo.

La mayoría de estos perceptores han sido sancionados por el incumplimiento de requisitos tales como la ausencia de comunicación de rentas o de prestaciones, así como la no renovación de demanda.

Las sanciones van desde la suspensión de uno a seis meses del cobro de la prestación, en su mayoría, hasta la retirada total de la prestación dependiendo de la gravedad de la infracción.

En el mes de agosto, el Ministerio de Empleo informó que en el primer semestre del año unos 60.004 beneficiarios de prestaciones por desempleo habían perdido las mismas por haber incumplido los requisitos para su acceso o mantenimiento o por haber rechazado ofertas de empleo. Se trata de un 14,8% más que en el mismo periodo del año pasado. El ahorro en el primer semestre por la lucha contra las prestaciones indebidas por desempleo había sido de de 915 millones de euros.

Una gran cantidad por tanto de los sancionados hasta llegar al medio millón de sancionados lo han tenido que ser por diferentes tipos de infracciones.

Según datos de este departamento, los beneficiarios de prestaciones registrados a finales de junio de este año ascendían a 2.801.625, mientras que los existentes en enero de 2012 eran 3.012.045.

Otras prestaciones

También se han realizado en este año y medio del plan de lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social, actuaciones para frenar el fraude en otro tipo de prestaciones, como las de discapacidad o Incapacidad Temporal (IT), que han generado un ahorro de 408 millones.

Además, se han detectado actividades no declaradas a la Seguridad Social por valor de 1.714 millones. Las inspecciones a empresas ficticias, por su parte, han sumado 35.761 procesos y han generado 557 millones.

Amnistía fiscal y bienes en el extranjero

En materia fiscal y según informó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hay que sumar el ensanchamiento de bases imponibles en unos 40.000 millones de euros  gracias a la amnistía fiscal y en 87.700 millones por la nueva obligación de informar de bienes e inmuebles en el extranjero, que hicieron 131.411 contribuyentes.

Tres mil detenidos o imputados

De la misma forma, Santamaría resaltó la importancia de valorar la colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra el fraude que, en este mismo periodo, han desarrollado cerca de 700 operaciones destinadas a este fin que han permitido detener o imputar a más de 3.000 personas.

También destacó el papel de España en las iniciativas internacionales, lideradas por el acuerdo con EE.UU. y seguidas por otros convenios firmados con multitud de países para evitar la doble imposición y fomentar los intercambios de información.

Por otro lado, la vicepresidenta se refirió al esfuerzo del Gobierno para controlar las deudas tributarias adelantando la puesta en marcha de medidas cautelares en los procedimientos tributarios para evitar que la duración del proceso permitiera a los investigados ocultar sus bienes. En este año y medio, según ha avanzado, se han implementado 9.953 medidas cautelares.

Igualmente destacó el trabajo en la lucha contra el contrabando de tabaco, y aseguró que a lo largo del año 2012 el Gobierno se incautó de más de 8,7 millones de cajetillas de tabaco. En lo que va de 2013, se ha incautado de 3,9 millones de cajetillas y por primera vez se ha intervenido una factoría clandestina de tabaco.

Para el impulso del intercambio de información tributaria a nivel internacional, España ha liderado, junto a Alemania, Francia Italia y Rumanía, el desarrollo de un nuevo estándar internacional de intercambio automático y multilateral de información, al negociar con Estados Unidos el Acuerdo FATCA y, posteriormente, al promover el proyecto piloto que ha impulsado los trabajos de la OCDE y de la Unión Europea, apoyados por el G-20.

Asimismo, en estos últimos dieciocho meses se han rubricado o firmado los siguientes convenios para evitar la doble imposición o acuerdos para el intercambio de información: Catar, Austria, Reino Unido, India, Uzbekistán, Chipre, Argentina, Estados Unidos, Jersey, Guernesey, Isla de Man, Mónaco, Macao y el ya citado acuerdo FATCA.

«Elemento clave»

Tras presentar las cifras, la vicepresidenta repasó algunos de los cambios introducidos por el Gobierno para mejorar la lucha contra el fraude, como la firma de nuevos convenios, la reforma del Código Penal o el aumento de efectivos de la Agencia Tributaria destinados a este fin.

En este sentido, recordó que los ingresos generados por la lucha contra el fraude aumentaron un 10,8% el año pasado y han superado con creces las expectativas del primer semestre de 2013.

A su parecer, las cifras merecen una «valoración muy positiva» porque el Gobierno se marcó la lucha contra el fraude como un «elemento clave», tras detectar una reducción «importante» de bases tributarias y ante la necesidad de luchar contra formas novedosas de fraude.