En una guerra hay víctimas silentes, alaridos con ráfagas de sangre, incrustación, metralla entre los muros. A las víctimas cada uno las llama como quiera, y la Iglesia Católica es muy dueña de declarar “mártires” a sus propios muertos, beatificándolos después con efecto masivo: nada menos que 522 en Tarragona hace muy pocos días. Lo ha explicado muy bien el Papa Francisco, al llamarnos a ser “cristianos con obras y no de palabras”, mientras ponderaba la vida de los caídos no sólo –o no tanto- por España, sino por Dios, especialmente, porque entendieron “el sentido de amar hasta el extremo que llevó a Jesús a la cruz”.

El mensaje del Papa fue bastante unívoco, a pesar de que la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que reúne a más de 100 asociaciones de memoria histórica -quizá estimulada por algunas de las declaraciones precedentes de Francisco- le había pedido que, además de beatificar a estos últimos 522 mártires, aprovechase también para condenar la colaboración de la Iglesia Católica con el régimen franquista no sólo en la Guerra Civil, sino también durante toda la dictadura.

Esto no sucedió. Estaban, a pleno sol, en primera fila, escuchando su mensaje radiado, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y su esposa, Helena Rakosnik, junto con el presidente del Congreso, Jesús Posada, y también varios ministros: el de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el de Interior, Jorge Fernández Díaz, y también el inspector del Ejército, Ricardo Álvarez-Espejo. Para el cardenal Antonio María Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal Española, “Las autoridades civiles, militares y académicas han puesto de manifiesto con su presencia la armonía que ha de existir entre todos los ámbitos de nuestra sociedad”. Para Jesús Posada, se trató de una celebración “espléndida que reafirma nuestra fe”, mientras que Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, afirmaba que fue “acto de justicia y de reconciliación”.

Mientras, Jaume Collboni, portavoz del PSC, no se mostró tan entusiasta. Respetando la beatificación como socialista, también solicitaba a la Iglesia su reconocimiento del “apoyo” al franquismo: “A partir del reconocimiento, la Iglesia tendría toda la legitimidad para recordar a sus mártires”. Mientras, Oriol Amorós, de Esquerra, sumándose a ese respeto, recordó el papel de la Iglesia Católica durante la Guerra Civil, pero también en la posguerra más cruenta.

Tanto la Coordinadora por lo Laico y la Dignidad, como muchos cristianos de base, habían solicitado que el Papa también pidiera perdón; pero no lo hizo. Tampoco es necesario: a estas alturas de la Historia, cada uno sabe el lugar que ocupó, y la única beneficiada por ese reconocimiento sería la propia Iglesia, aligerando así la carga de su culpa. Sostener, como Ruíz-Gallardón, que la beatificación ha sido un “acto de justicia y reconciliación”, es no comprender ninguna de las dos palabras, o tirar de demagogia entre alucinatoria y radical.

Sigo sin entender cómo se puede, por un lado, sostener que la Ley de la Memoria Histórica, que pretende únicamente vindicar el derecho de los familiares a buscar los restos de sus víctimas, sacándolos de las fosas comunes en cunetas y tapias de cementerios, para darles una sepultura digna, es “volver a abrir las heridas”, y beatificar a 522 víctimas del otro bando, nada menos que “un acto de justicia y reconciliación”. Justicia sería apoyar a estas víctimas, que en las comunidades gobernadas por el PP sólo encuentran trabas en el desarrollo de la ley. Reconciliación, una misa en la que los católicos rezaran por todos los asesinados, de uno y otro bando, mientras los no católicos también elevan su plegaria cívica y total por todos los caídos en la guerra terrible.