El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado por un supuesto delito de administración desleal a los siete miembros de la comisión ejecutiva de la Caja Castilla La Mancha (CCM) entre julio de 2007 y marzo de 2009. CCM tiene el más que dudoso honor de ser la primera caja de ahorros en ser intervenida por el Banco de España, el 29 de marzo de 2009. La entidad necesitó una inyección de 9.000 millones de euros. El presidente, Juan Pedro Hernández-Moltó, y el director general, Ildefonso Ortega, fueronm destituidos. Posteriormente CCM fue adjudicada a CajAstur y transformada en Banco Castilla La Mancha, que forma parte del grupo Liberbank (junto a Caja Cantabria y Caja Extremadura).

Ruz  argumenta que la aprobación por parte la comisión ejecutiva de «operaciones singulares» contribuyó a provocar perjuicio patrimonial (lo que coloquialmente se denomina como ‘agujero’) de 267 millones de euros. Los siete directivos imputados (Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato, Florencio Hernández, José María Fresneda, Emilio Sanz Sánchez, Carlos Jiménez Morante y José Fernando Sánchez Bódalo) han sido citados a declarar los días 20 y 21 de noviembre.

En la causa, en la que se investigan una veintena de préstamos y operaciones crediticias presuntamente irregulares realizadas en CCM, ya se encuentra imputado el entonces presidente y ex diputado del PSOE, Juan Pedro Hernández Moltó, por supuestos delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.

El juez Ruz precisa que sólo se ha dirigido el procedimiento contra Hernández Moltó, «sin que por el momento se haya procedido en idéntico sentido respecto de los restantes miembros” de la comisión ejecutiva. Cuando como “administradores de derecho de la sociedad que, de igual manera que el primero, habrían participado en la toma de decisiones colegiadas sobre las distintas operaciones económicas analizadas que habrían derivado en el ulterior perjuicio patrimonial para la entidad«.

Créditos al ladrillo

En un auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en enero, el juez solicitaba información sobre los créditos que CMM concedió entre 2007 y 2008 a Inmobiliaria Colonial, propiedad de Luis Portillo; Naropa-Fermoselle (Kopan Cartera), T-Solar Global y Renovalia, y a las empresas del Grupo Lábaro Whitness Investment Group, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.

Todas estas operaciones, según un informe de peritos del Banco de España, podrían ser «contrarias a la normativa bancaria y mercantil«, por lo que su aprobación podría haber causado un «perjuicio» a la entidad financiera.

Ruz comenzó a investigar los hechos tras admitir a trámite una querella presentada por el ex fiscal Ignacio Gordillo en representación del PP en el año 2010. Indicó entonces que el rescate de CCM evidenció «de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil«, así como la existencia de suficientes indicios de un presunto delito defraudatorio contra una «generalidad de personas» afectadas por el «perjuicio patrimonial«, como son «los depositantes y los acreedores» de la caja.