Abundan en la política las conclusiones falsas. Lo vimos el viernes pasado cuando en víspera de la Fiesta Nacional, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó sin ton ni son a más de medio millón de parados de haber cobrado el desempleo fraudulentamente mientras trabajaban en B. Este miércoles, en el pleno del Congreso, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, le pidió que se disculpara ante los más de seis millones de parados de este país y rectificara sus injustas e insultantes afirmaciones, basadas en datos falsos. Pero Santamaría no lo hizo. Por el contrario, acusó a su tocaya y paisana de Valladolid de incurrir en una “osadía” y en una “temeridad” ya que la justicia “está investigando en sus filas el mayor fraude laboral de todos los tiempos, mil millones de euros de fondos de reptiles sin control”. Se refería a la instrucción judicial de la magistrada Alaya sobre las ayudas a los Expedientes de Regulación de Empleo (a empresas y trabajadores) de la Junta de Andalucía en la última década. Santamaría soliviantó a los socialistas cuando recordó que en el caso de los EREs están imputados “exdirectores generales y exministros”.

Si rectificar y admitir los errores es de sabios, queda claro que Santamaría no lo es, y por tanto, sólo cabe pedir a Santo Tomás que la perdone y rogar al inefable profesor Montoro que aplique con esa mujer aquella enseñanza del patrón de las escuelas: “Al que no sabe y cree que sabe, ayúdale y sácale de su error”. El error es disparatado en este caso, pues no son 500.000 los parados los que han incurrido en el fraude al desempleo, sino 5.833 los que han cobrado indebidamente la prestación al tiempo que trabajaban bajo cuerda. ¿De dónde sacan entonces las cifras la titular de lo que no hay (Empleo), Fátima Báñez, y la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, cuyo desparpajo sería digno de un análisis aparte (semiótico, se entiende)?

Los datos salen de la suma del cómputo de errores burocráticos, dilaciones y cansancio en las colas del paro. Y no son tan extraordinarios como el aparato de propaganda de La Moncloa ha creído descubrir. En el primer semestre de 2012 se registraron más de 130.000 resoluciones administrativas de suspensión de la prestación por “falta leve”. En lo cinco primeros meses de este año, esa suspensión de la prestación afectó a 120.000 desempleados. ¿En qué consiste la falta leve? En no presentar un papel a tiempo, no sellar el cupón el día que toca y en otras prácticas achacables a las interminables esperas y largas colas ante unas oficinas que cierran a las tres de la tarde. ¿Y como se sanciona la “falta leve”, en la mayor parte de los casos no achacable a los desempleados? Pues aplazando entre uno y seis meses la prestación. La casuística es enorme, y va desde esa dilación a otras circunstancias ajenas al desempleado, quien, desde luego, incurre en “fraude” propiamente dicho si no comunica los ingresos que obtuviere por trabajos eventuales, para que se los descuenten de la prestación mensual, que es, como máximo de 1.100 euros mensuales por seis meses, o si rechazare un contrato. Este “fraude” se castiga con la suspensión de la prestación por un año o la retirada de la misma.

Y ahora viene el error por el que la vicepresidenta, con aire de suficiencia, se niega a pedir disculpas. La suma de fallos burocráticos y de “fraude real” desde el 1 de enero de 2012 al 30 de septiembre pasado –incluida la cosecha del “buzón de la Báñez” para delatores y chivatos– se situaría por encima de esos 500.000 casos. Pero eso no quiere decir que el 20% de los parados de este país sean unos malditos defraudadores. De hecho, el fraude real detectado apenas supera el 1% de ese medio millón de personas a las que Santamaría ha insultado gravemente, como le reprochó Rodríguez al tiempo que recordó que con el Gobierno del PP hay un millón de parados más y una tasa de cobertura por desempleo del 62% menos. “¿Cuántos ministros y dirigentes de su partido han cobrado dos sueldos de dinero público?”, le preguntó la portavoz socialista. La nominación –sin contar los apuntes en B de Bárcenas– sería tan larga que si les sometieran a las leyes de los parados saldrían en manifestación de protesta. “Podría vivir usted con 425 euros?”, le espetó Cayo Lara a la señora Santamaría, con marido enchufado en los servicios jurídicos de Telefónica, donde gana el triple que en la abogacía del Estado.

Pero en fin, aparte la tensión parlamentaria por el empecinamiento de la vicepresidenta en mantener el insulto a los parados, estas cosas ocurren cuando los políticos se dedican a adiestrar arañas y como, en el cuento que refería el socialista Mario Bedera en el pasado debate sobre la ley de educación LOMCE, colocan uno de esos artrópodos adiestrados sobe la mesa, le dicen ven, y la araña va. Le cortan las patas, le dicen ven, y la araña, aunque hace esfuerzos para obedecer, no puede ir. Y alcanzan la conclusión de que la araña es sorda.