La estrategia diseñada por el Ministerio de Industria orientada a ganar tiempo en la crisis surgida en el almacenamiento de gas de Castor, en la costa mediterránea, parece que de momento no tiene éxito. El departamento que dirige José Manuel Soria había presentado un recurso al Tribunal Supremo por posibles clausulas abusivas en el contrato que la empresa concesionaria del proyecto, participada al 66,6% por ACSy por Dundee Energy en el 33,3% restante, había suscrito con la Administración, pero ahora el tribunal ha rechazado el recurso.

La interpretación que se da en medios empresariales es que este es el principio del reconocimiento, por vía legal, de que el Estado deberá asumir el coste de la inversión con intereses, unos 1.700 millones de euros, si la infraestructura gasista no entra en funcionamiento, como parece que sucederá. Faltan aún los informes técnicos oficiales de las causas, pero lo que transciende es que los seísmos que se han sucedidos en diversas localidades de Castellón y Tarragona están relacionados con Castor. Queda, asimismo, por conocerse la auditoría económica que deberá establecer porque de los 500 millones iniciales de inversión prevista se ha pasado a la cifra que ahora está sobre la mesa.

Y es que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal ha rechazado la petición de la Administración General del Estado de anular un párrafo del acuerdo de la concesión, en el que se fijaba una “compensación a la concesionaria para recuperar la inversión en caso de caducidad o extinción de la concesión”, aun si hubiese negligencias por parte de las sociedades concesionarias.

Industria parecía dispuesta a pagar los intereses, más de 200 millones de euros, e hibernar la planta. No obstante, la batalla legal no ha concluido, aunque los primeros datos apuntan a que la concesión, Castor, podría revertir al Estado.