El ex presidente de CatalunyaCaixa, y antes vixcepresidente del Gobierno y ministro de Defensa con Felipe González, y alcalde de Barcelona, Narcís Serra ha ha declarado ante el juez que los incrementos de las retribuciones en la entidad de ahorro (ahora, el nacionalizado CatalunyaBanc) eran «legales, leales e incluso convenientes en aquel momento». En su declaración como imputado, insiste en que los sueldos en la entidad estaban ajustados a los precios del mercado y que eran conocidos por el Banco de España y luego por el Frob, en línea con lo afirmado ante el juez por el director general (y luego presidente de CatalunyaBanc), Adolf Todó.

Serra ha declarado ante el titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, durante unas dos horas como imputado por las retribuciones e indemnizaciones consideradas como desproporcionadas en CatalunyaCaixa. Insiste en que esos pagos estaban avalados por informes jurídicos de consultoras externas.

«He tenido que responder por dos imputaciones: la primera, por aumentar el porcentaje del 35% al 50% de la retribución variable del director; y la segunda, de subir el salario al director y al subdirector en 2010 un 1,5%, que era el coste de la vida, y que es lo que se aumentó a todo el personal de la caja», explica.

Narcís Serra ha hecho un esfuerzo especial por desmarcarse de otros casos presunta corrupción «de los que se pueden leer en los medios de comunicación», aunque sin atreverse a desvelar a quiénes se refería. Y reclama que “lo antes posible quede claro que existe diferencia entre quienes hemos cumplido con la ley y hemos actuado lealmente con nuestra institución, de aquellos otros que en otros casos quizá no han cumplido con la ley».

Sin prisión provisional

El juez Pijuan ha rechazado decretar la prisión provisional para Narcís Serra, solicitada por Ausbanc, una de las acusaciones, que argumentaba riesgo de destrucción de pruebas. Ha adoptado esta decisión después de que el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado se haya opuesto a esa medida, y que la CUP, personada en el caso como acusación popular, tampoco la haya pedido.