Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa han presentado de forma unilateral un recurso ante el Tribunal de Luxemburgo en contra del decreto que incentiva el consumo de carbón nacional, indicaron fuentes de las compañías.

Este recurso se une así a los que presentaron las tres grandes eléctricas el pasado 7 de octubre ante el Tribunal Supremo contra el decreto aprobado por el Gobierno.

{destacado}En el recurso ante el Supremo las eléctricas, que ya habían recurrido la versión anterior del decreto, publicada en febrero sin entrar finalmente en vigor, solicitaron medidas cautelares.

El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros después de que la Comisión Europea descartase ayudas de Estado, ha sido criticado por las eléctricas no tanto porque provocará un mayor uso de las centrales térmicas de carbón, sino porque este uso se hará en detrimento de otras tecnologías, como los ciclos combinados de gas, que resultarán desplazados.

En concreto, el decreto, pendiente de desarrollo normativo sobre algunos de sus aspectos técnicos, fija un precio por encima del mercado para la quema de carbón autóctono en centrales térmicas, lo que permitirá absorber el excedente de este mineral y resolver los problemas coyunturales de las empresas del sector.

No obstante, el sector eléctrico considera que la norma vulnera la ley al desplazar de la generación eléctrica a otras tecnologías, como los ciclos combinados, e insiste en la necesidad de que el Gobierno encuentre una solución para estas fuentes para que la medida deje de ser lesiva.

La norma, entienden las empresas, requiere de la aprobación previa de una ley que permita retirar la retribución a las instalaciones eléctricas que queden desplazadas en el sistema por el mayor uso de centrales térmicas de carbón.

Por este motivo, el decreto carece, a su juicio, de rango legal suficiente, y contraviene lo dispuesto en la Ley del Sector Eléctrico, al tiempo que limita de forma expropiatoria el derecho a la propiedad al contemplar la posibilidad de retirar instalaciones del mercado sin compensación.

Las eléctricas también entienden que el decreto, aprobado en un momento de menor demanda y mayor producción de las energías renovables, distorsiona el funcionamiento del mercado liberalizado español de generación y dispara los costes del sistema.