El panorama del sistema eléctrico sigue presentando interrogantes e incertidumbres cuando está pendiente que entre en vigor en los próximos meses una batería de medidas legales, que fueron anunciadas por el Gobierno el pasado julio. Esta es una de las conclusiones de la intervención del presidente de la patronal de las eléctricas integradas, Eduardo Montes, en la presentación de la memoria del sector de 2012, que destacó que las inversiones futuras dependen de la regulación por la que finalmente se opte. No obstante, él defendió que se camine hacia una mayor liberalización y que el sistema y, por tanto, las tarifas o los precios soporten únicamente los costes de generar, transportar y distribuir electricidad.

La norma más importante pendiente es el proyecto de ley que regulará el sistema eléctrico, y en el que la patronal y las compañías quieren incidir durante el trámite parlamentario. Con ese objetivo mantienen contactos con los grupos parlamentarios para defender su posición respecto a varios artículos, aunque, según Montes, los prioritarios son mejorar la remuneración a la distribución -que ahora está por debajo del costes del capital, según Unesa-, elevar la retribución para los activos extrapeninsulares, así como una mayor liberalización del mercado, con la práctica eliminación de la TUR, al que está acogido prácticamente la totalidad de los clientes domésticos.

Otro punto básico es que mejore el tratamiento de las centrales de ciclo combinado sobre las que pesa casi toda la responsabilidad de dar respaldo a otras energías poco predecibles, en alusión a la eólica y las solares.

Aunque Montes manifestó que no quería entrar en el debate de ‘energías renovables, sí; energías renovables, no’, aportó una serie de cifras para demostrar que la subvenciones a estas tecnologías son las responsables del déficit tarifario, que se crea cuando los ingresos no cubren los costes regulados. Y que sin esas cargas, la tarifa eléctrica podría bajar hasta un 40%.

Otra de las conclusiones del discurso de Montes apunta a que las compañías, que sólo obtienen el 32% de su negocio en el área eléctrica en España, no pueden soportar más cargas que se añadiesen al impacto de las medidas fiscales, que se aprobaron para poner fin al déficit. Suman 1.543 millones por los tres nuevos impuestos, entre ellos el 7% sobre la generación, a los que hay que añadir canones especiales en función de la tecnología: nuclear hidráulica, gas o carbón.

El sector también está preocupado por el déficit que se ha generado hasta ahora -más de 2.500 millones-, y que sólo podría quedar casi en cero si el Gobierno aporta el crédito extraordinario de 2.200 millones y los 900 millones de los Presupuestos para las extrapeninsulares, así como si los impuestos a la generación se destinan para lo que estaban previstos. En caso contrario, Montes, que afirmó confiar en el Estado y, por tanto, en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, se produciría un problema muy importante. Y es que el mecanismo actual, la titulización de la deuda a través del FADE, concluye este año por la ley que entrará en vigor en 2014.

Montes ha insistido en resaltar el elevado coste que suponen para el sistema las tecnologías inmaduras, en alusión a las solares, y en subrayar el grave problema que conlleva la infrautilización de las centrales de ciclo combinado.