Los próximos días vuelven a estar cargados de tensión en Telecom Italia, si bien la fecha clave es el 7 de noviembre, cuando está programada una reunión del consejo de administración de la empresa italiana. En ese encuentro los nuevos responsables de la empresa deberán presentar un plan industrial y estratégico que contenga medidas que permitan dar un giro de 180 grados a la operadora, con una reducción de costes que aseguren la viabilidad del grupo. Y que sea un programa en el que los inversores puedan creer.

Los rumores del mercado apuntan a que el programa contendrá venta de activos, entre ellos posiblemente la filial TIM, de Brasil; el recorte de la plantilla y la anulación del dividendo, dando prioridad a la reducción de la deuda financiera que se eleva a 28.000 millones de euros. La posibilidad de que este último tema salga adelante provocó que el pasado viernes las acciones de Telecom Itala se desplomasen en Bolsa más del 6%.

En este contexto, que se complica más por posibles cambios normativos en Italia respecto a la normativa sobre opas o las condiciones para al toma de control de una compañía como Telecom Italia, mañana, 29 de octubre, está prevista una reunión del presidente de Telefónica, César Alierta, y el primer ministro italiano, Enrico Letta. Y es que, aunque la operadora española no está interesada en cualquier tipo de control sobre la compañía transalpina, sí defiende la rentabilidad de sus inversiones y es, aunque no lo desee, uno de los protagonistas de este proceso. Telefónica es el primer accionista de Telco, sociedad que, a su vez, tiene el 22,4% de la empresa de telecomunicaciones transalpina.

Entre los posibles escenarios futuros, el que presenta una posición más relevante de Telefónica en Telecom Italia es el que establece una participación del 22,4% -ese es el tope-, que se daría en caso que se hiciese con el 100% de Telco. Aunque esta estrategia ha sido reiterada, el peso de la empresa española despierta reticencias en algunos medios financieros y políticos de ese país. Y por ello se habla, entre otros eventuales cambios legislativos, rebajar el umbral para que un accionista esté obligado a lanzar una opa. No obstante, esta posibilidad se podría volver en contra de los promotores, en la medida que Telefónica no está dispuesta a hacerse con la compañía, y podría optar por bajar posiciones. También se ha resucitado llevar a cabo una ampliación de capital, como defendía el anterior presidente, Franco Bernabe.

Medios del mercados italiano dudan además que los otros socios del Telco -Mediobanca, Intesa y Generali-, además de Telefónica, que cuentan en conjunto con un 22,4% de los derechos de voto, vayan a apoyar la ampliación de capital.

Por otro lado, están la barreras legales que se perfilan a través de varios decretos, ya aprobados por el Ejecutivo, por las que se pueden declarar estratégicos los sectores de la energía, el transporte y las telecomunicaciones, lo que dará al Gobierno más poderes para vetar operaciones o adquisiciones, así como para obligar a realizar determinadas inversiones. Eso podría suponer segregar de Telecom Italia las redes, a las que se les ha dado un valor de 15.000 millones de euros. Pero la cuestión que surge es qué inversores estarían interesados o si el Estado cuenta con dinero para su adquisición.