El eventual pacto con Repsol se cuela en el debate de la política argentina

02/11/2013

Tania Juanes. Queda más de un año para los comicios presidenciales, pero la posición de uno de los ganadores de las legislativas muestra que la energía y, por tanto, el conflicto por la expropiación de YPF, está en la agenda política

Tras las elecciones legislativas, que se celebraron en Argentina el pasado 27 de octubre para elegir a 127 diputados y 24 senadores, el complejo entramado político de ese país se prepara ya -con un escenario diferente al que existía ante de las legislativas- para las presidenciales que tendrán lugar en 2015. El panorama ahora no es el mismo, ya que el Gobierno de Cristina Fernández ha recibido un castigo por los electores, al tiempo que los comicios han servido para consolidar algunas figuras emergentes, como Sergio Massa, y otras más veteranas, y es el caso del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri. Desde medios políticos se pone en duda en la actualidad que la actual presidenta logre el apoyo de las cámaras para reformar la constitución y poder presentarse a un tercer mandato.
En los mismos medios se estima que la marcha de la economía será la cuestión más importante en los futuros comicios, con un escenario actual marcado por una inflación en el entorno del 20%, estancamiento económico, falta de crédito en el exterior y pérdidas de reservas por parte del Banco Central, así como por las negociaciones con diversos organismos internacionales
También la política energética sigue envuelta en la polémica, ya que uno de los argumentos para la expropiación del 51% de YPF, propiedad de Repsol, era la necesidad de importar gas, culpando al grupo española de esa situación. Ahora ese déficit sigue en aumento, pese a que YPF eleva las inversiones, y es además un proceso que impacta en las cuentas fiscales y en la balanza comercial. Mientras, los concursos abiertos para el abastecimiento de gas por el Ejecutivo de Buenos Aires para el próximo año parecen indicar que las previsiones de dependencia van por el mismo camino. Según los datos de la Secretaría de Energía argentina, la importación de combustibles del país aumentó un 13,8% en septiembre en relación interanual.
En este contexto, la expropiación de YPF y la falta de diálogo entre el Ejecutivo que preside Cristina Fernández y Repsol ha emergido ya en el debate político. Uno de los triunfadores de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, con un 44% de los votos, y posible candidato a las presidenciales desde el peronista Frente Renovador, Sergio Massa, se ha decantado a favor de negociar con la empresa española. «Hay que resolver bien la situación con Repsol.  Tenemos que hacerlo con diálogo», ha afirmado. Ha basado su posición en la necesidad que tiene Argentina de recuperar la confianza de los inversores, con el fin de aumentar la exploración y producción de hidrocarburos.
Pero sólo dos días antes, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, manifestaba ante un grupo de periodistas españoles que no quiere que el conflicto con Repsol se demore más, cuando se han cumplido 18 meses de la expropiación. Y mostró su deseo, que ya sea de forma negociada o a través de los tribunales, el tema se cierre antes de fin de año, para que la empresa que preside pueda centrarse en 2014 en el desarrollo de su actividad de exploración y producción de hidrocarburos.
Pero Galuccio, que cuenta con el total apoyo de la Casa Rosada, tiene sus propias prioridades, como se demuestra en sus declaraciones. Además, su «optimismo» sobre los plazos no es compartido por otras partes implicadas: casi nadie cree que el conflicto pueda cerrarse en sólo dos meses y, por el contrario, se estima que previsiblemente se mantendrá abierto cuando se celebren las elecciones presidenciales. No obstante, tras sus declaraciones la petrolera española Repsol ha mostrado su disposición a negociar con Argentina «un acuerdo justo» de compensación por la nacionalización de su antigua filial YPF.

Desde la compañía se señala que, tal y como dijo el pasado junio su consejo de administración, se tiene una voluntad firme de llegar a un pacto «sin condiciones ni fechas exigidas por ninguna de las partes», y que esté basado en criterios objetivos y con las garantías que evite posibles contenciosos con terceros.

Y es que una de las cuestiones que ha impedido que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, admitiese la última propuesta enviada desde Argentina, que fue rechazada por la totalidad del consejo, es el quebranto patrimonial que supondría a la petrolera la aceptación de la citada oferta. El consejo podría ser demandado por cualquier accionista o grupo de accionistas de la petrolera española.

Una de las opciones citadas por Galuccio para asegurar que antes de fin de año el contencioso habrá acabado son las próximas conclusiones del Tribunal de Tasación sobre el justiprecio del 51% de YPF expropiado a la española. Es una «solución» que se descarta desde la empresa española, por la vinculación de esa entidad con el Ministerio de Planificación, cuyo titular Julio De Vido, fue uno de los líderes de la operación de expropiación. Repsol sigue basando su defensa en la demanda presentada ante el CIADI, del Banco Mundial.

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