Así lo ha planteado durante su defensa ante el Pleno del Congreso de la norma, contra la que han presentado enmiendas de totalidad el PSOE, CiU, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Amaiur. «El espíritu de esta norma es pagar en tiempo y en plazo», dijo, pidiendo a las cuatro formaciones que retiren unos vetos que él no entiende.

«El objetivo es erradicar la morosidad de las administraciones públicas. La ley de Estabilidad abordó el control del endeudamiento público, pero hay que completar ese control limitando la deuda comercial, ya que si no se estará obviando una de las expresiones más relevantes del endeudamiento», añadió, preguntándose cómo alguien puede estar en contra de este objetivo.

«Imprescindible para mejorar la competitividad»

Y es que el ministro ha repetido una vez más que «reducir la deuda pública es imprescindible para mejorar la competitividad de la economía española» y mejorar su financiación en los mercados, lo que «permitirá a las empresas aprovechar mejor las oportunidades de negocio».

Sin embargo, las medidas que ya se han implementado para reducir la morosidad -como el plan de pago a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)- no serán suficientes para evitar que se vuelvan a acumular facturas en los cajones de la Administración, razón por la cual se ha presentado esta normativa.

«Esta ley da confianza a todos, pero sobre todo a los proveedores, que nunca deben sufrir de nuevo demoras excesivas en los pagos a los que tienen derecho«, dijo Montoro, que lamenta que aún existan retrasos en el pago de las deudas comerciales con respecto a los 30 días previstos por la normativa comunitaria.

Por eso, el proyecto de ley obliga a las administraciones territoriales a publicar su periodo medio de pago «para que la ciudadanía vea cuál es el político eficiente en la gestión de los recursos y quiénes están provocando un problema de Tesorería a sus proveedores y poder valorar la gestión económica».

Además, se crea un mecanismo coercitivo ante los incumplimientos de estos compromisos a través de la imposibilidad de emitir deuda o usar créditos presupuestarios, cambios en el plan de Tesorería o incluso el pago directo de la factura por el Estado, que luego detraerá la cantidad de las transferencias previstas en el sistema de financiación.

También importa para la sostenibilidad

El ministro subrayó que esta medida no será importante sólo para suministrar liquidez a las empresas y evitar el impacto que los retrasos de la Administración tienen en el conjunto del sector privado, al que le causan «costes añadidos» con cada demora, sino que también es una ley fundamental en el marco del compromiso con la estabilidad presupuestaria a largo plazo que comenzó con la reforma de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Consolidación Fiscal.

«La morosidad compromete la sostenibilidad a futuro de las administraciones públicas por el desplazamiento temporal del compromiso de pago de las facturas. Por eso hay que sentar las bases de un cambio sustancial del funcionamiento de las administraciones públicas para controlar y reducir la deuda comercial, situándonos como pioneros de entre los países desarrollados en este tipo de normativa», comentó.

Asimismo, se incrementará la transparencia de las administraciones públicas y mejorará su eficiencia en la gestión de los recursos, un objetivo al que también contribuirá la Ley de la factura electrónica, actualmente en tramitación parlamentaria, que obligará a tener un registro administrativo de las facturas expedidas a los proveedores por parte de cualquier administración e impulsará el uso de la factura electrónica, que será obligatorio a partir del 15 de enero de 2015.

Por su parte, el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y ERC expresaron su rechazo al proyecto de ley de Control de la Deuda Comercial, que a su entender va en contra de los servicios públicos y de las comunidades autónomas y ayuntamientos, al establecer medidas coercitivas automáticas ante incumplimientos del pago de las facturas con los proveedores en un plazo máximo de 30 días por parte de las administraciones territoriales.

Última fase del plan de pago a proveedores

Por otra parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, avanzó durante su intervención en el Pleno del Congreso que la última fase del plan de pago a proveedores, que se prolongará hasta final de año, sumará finalmente 13.300 millones de euros de facturas impagadas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos a sus proveedores.

Durante su intervención para defender el proyecto de ley de Control de la deuda comercial de las administraciones públicas, Montoro precisó que 8.004 millones de euros de las deudas se deben a las comunidades autónomas y los 3.624 millones restantes, a las corporaciones locales.

En total, 13.300 millones de euros, una cifra «elevada pero asumible» y que está «muy alejada» del primer plan de pago a proveedores, lo que «permite decir que con este nuevo plan se pueden ofrecer condiciones financieras semejantes a las del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA)».

«Hoy tenemos cargadas todas las facturas de las comunidades y las corporaciones locales pendientes a 31 de mayo de 2013», dijo el ministro, recordando que todas las administraciones deben «colaborar para acortar el periodo medio de pago a proveedores desde cifras que son asumibles para las administraciones pero no para las pymes y los autónomos».