Después de que la Comunidad de Madrid anunciara rebajas fiscales, la Generalitat aprobará este martes los presupuestos para Cataluña del 2014 con un aumento de la presión fiscal sobre los catalanes. Tras prorrogar este año los presupuestos de 2012 como una nueva muestra de rebeldía soberanista, Mas y su socio parlamentario Oriol Junqueras (ERC) introducirán un paquete de nuevos impuestos que podría llegar a la cifra final de 350 millones de euros si se incluyen las nuevas tasas a los pisos vacíos, los envases y las grandes superficies.

Representantes del mundo empresarial, como el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, y el Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC) se han pronunciado en contra de lo que consideran “un incremento excesivo” de la presión fiscal en Cataluña. Sin embargo, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, ya ha anunciado que el gobierno catalán aprobará «con seguridad» los presupuestos el 5 noviembre y también ha asegurado que la recuperación del impuesto de sucesiones estará incluida en la ley de acompañamiento. CiU y ERC ultiman la fórmula con la que se recuperará el impuesto de Sucesiones y que, según anticipó Mas Colell, generará una reaudacion adicional de 190 millones. También se está a la espera de que fructifiquen las negociaciones entre CiU y ERC para saber si se modifican al alza cánones y tasas o se crean nuevas para servicios que hasta ahora eran gratuitos.

El gobierno de Mas ha iniciado los trámites para crear tres tasas medioambientales que gravará a las aerolíneas, las centrales nucleares y a la industria, con la que prevé obtener 50 millones de euros. Además, se barajan la batería de una treintena de nuevas tasas y cánones y la reforma de gravámenes ya existentes, con lo que se podría ingresar 295 millones más. También se incluirá una nueva figura que gravará el alquiler en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

No obstante, la presión fiscal aumentaría aún más, hasta alcanzar los 350 millones de recaudación adicional, si se incluye algunas nuevas figuras impositivas como un impuesto a los pisos vacíos de la banca y las inmobiliarias, el endurecimiento del gravamen a las grandes superficies y el impuesto sobre envases. Todo ello al margen de los ingresos que se obtendrían cuando se resuelvan los recursos del Gobierno ante el Tribunal Constitucional sobre el impuesto sobre los depósitos bancarios (866 millones), el euro por receta (189 millones) y las tasas judiciales (8,6 millones).