La ministra de Fomento, Ana Pastor, quiere tener cerrada antes que concluya el año una solución para las autopistas de peaje que están en preconcurso o concurso de acreedores, y se enfrenta a este proceso con dos frentes abiertos: el acuerdo con las empresas concesionarias y otras compañías afectadas por la difícil situación de los citados activos y con la presión de los procesos judiciales en marcha desde hace meses. Porque uno de los objetivos para hallar una salida a esta crisis es evitar que el Estado tenga que hacer frente a responsabilidades patrimoniales por presuntas quiebras, ya que es el responsable último de estas concesiones que suman una deuda superior a los 4.000 millones de euros.

En este escenario, que se complica con el paso de tiempo, el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, ha retomado con ímpetu las negociaciones con la patronal del sector, Seopan, así como con algunas compañías implicadas, con la meta de alcanzar un acuerdo antes que concluya este año.

Uno de los temas que complica un posible pacto es el diseño realizado por el Ejecutivo para proteger a las autopistas en riesgo, que se haría a través de una sociedad pública, en la que el Estado tendrá el 80% del capital y las concesionarias el 20% restante. Y ahí reside uno de los problemas: las compañías estiman que ese porcentaje y con la valoración dada al total de la nueva empresa nacional de autopistas, 608 millones se euros, tendrían que enfrentar a agujeros patrimoniales, por más que la mayoría de las empresas tengan provisionadas las pérdidas asociadas. El argumento es que, si ceden, cualquier accionista podría demandan al consejo por el quebranto asociado al pacto.

Este es un obstáculo básico, pese a que el pacto con la banca esté avanzando para la reestructuración de los 3.600 millones de deuda, así como en la aportación de la Administración y un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros para financiar los costes por la expropiaciones que todavía están pendientes. El acuerdo deberá además soportar las cantidades que se adeudan a las constructoras. Algunas compañías están afectadas tanto como concesionarias como por su actividad en la construcción de obra civil.

Con todo el aspecto central en el que trabaja el equipo jurídico del ministerio es el efecto de la constitución de la sociedad en el déficit público y cómo puede a ser entendido por las autoridades de Bruselas.