El PP ha presentado varias enmiendas al proyecto de Ley del Sector Eléctrico que tramita el Congreso entre las que figura una nueva redacción de la disposición adicional décima que garantizará hasta el 31 de diciembre de 2019 la nueva retribución a las renovables. Esta medida, indica el grupo del PP, en la justificación de las enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, se adopta con el objetivo de «otorgar la necesaria seguridad jurídica, de predicción de cara al futuro y de homogeneizar el tratamiento retributivo de las actividades con retribución regulada».

El cambio normativo no solo afectará a las renovables, sino también al transporte y a la distribución, y consolida la tasa de retribución financiera durante «el primer periodo retributivo». En el caso de las renovables, será de un diferencial de 300 puntos básicos sobre el Tesoro, frente a los 200 puntos básicos de la distribución.

También para evitar interpretaciones que puedan generar conflictividad jurídica, otra de las enmiendas deja claro que, pese a que cada tres años se puedan revisar algunos factores de cálculo, las nuevas rentabilidades forman parte de «parámetros retributivos» que solo podrán ser modificados cada seis años.

Otra de las enmiendas del PP permitirá a los ciclos combinados de gas recibir una retribución suficiente para recuperar sus costes fijos cuando no puedan hacerlo a través del precio recibido a través del mercado mayorista de electricidad, o pool. Pese a mejorar de esta forma el escenario regulatorio de los ciclos combinados de gas, las enmiendas ‘populares’ mantienen la obligatoriedad de que las cinco grandes eléctricas financien a quince años el posible déficit de tarifa que pueda producirse en 2013.

En las enmiendas se establece además que el servicio de interrumpibilidad de las grandes industrias puede ser un servicio del sistema que se ajuste directamente en el mercado, por lo que esta partida no estaría recogida en los costes regulados de la tarifa, conocidos como peajes.

Además, se fijan limitaciones adicionales a las auditoras que deben calcular la nueva retribución a las renovables, al impedirles no solo las relaciones contractuales con empresas reguladas, sino también con filiales de estas empresas.