La nueva normativa establece, según la Asociación Española Fotovoltaica, que el 60% del recorte de los costes recae sobre quienes generan exclusivamente el 10% de los costes totales de la energía eléctrica en España.  Las cifras que maneja esta asociación es que de unos costes totales que están comprendidos entre los 27.000 millones de euros anuales y los 30.000 millones para generar toda la electricidad española solamente 2.700 millones son achacables a las plantas fotovoltaicas y que de esa cantidad va a salir el grueso de los ahorros previstos para evitar mayores subidas de la tarifa eléctrica final.

El sector, que ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años gracias entre otras cosas a la apuesta decidida de la Administración por subvencionar de manera generosa la inversión en este tipo de energía renovable, se enfrenta en la actualidad a problemas importantes por la decisión del Gobierno de modificar de forma sustancial las condiciones por las que las plantas fotovoltaicas tienen derecho a obtener las primas.

El nuevo modelo que se quiere poner en marcha a partir de la aprobación del real decreto ley establece un máximo de horas de utilización de las instalaciones para generar electricidad a partir del cual se dejaría de percibir la prima establecida. El sector considera que ello puede significar un recorte del 30% de las primas percibidas, lo que, en su opinión puede llevar a la quiebra o desaparición a buena parte de las instalaciones ya en funcionamiento ya que sus amortizaciones son muy elevadas y los menores ingresos las harían imposibles.

El sector acusa al Estado de introducir una elevada inseguridad jurídica al haber modificado sustancialmente las condiciones en las que se tomaron las decisiones de inversión y por ello anuncian que, en la medida en que puedan, acudirán a los tribunales de justicia para defender sus derechos. Una de las palancas de presión que están utilizando es la amenaza de que los inversores extranjeros, numerosos en el sector, pueden acudir a sus tribunales con mayor celeridad que a la justicia española y, sobre todo, a los tribunales de arbitraje que, en su opinión, les darán la razón como ha ocurrido recientemente con el contencioso entre Gas Natural y la argelina Sonatrch.

Las empresas fotovoltaicas señalan que es un error limitar el funcionamiento de estas plantas porque la generación por esta vía entra en el sistema eléctrico a coste cero, lo que implica un abaratamiento del coste medio del kilovatio que se subasta y por lo tanto presiona a la baja la tarifa. Por ello entienden que debería permitirse su funcionamiento sin límites y que el posible exceso de energía se canalizara hacia la exportación como ya se hace en la actualidad aunque reconocen que en la actualidad no es posible dada la debilidad de las redes de interconexión existentes con Francia, Portugal y Marruecos.