Juan Antonio Sagardoy (foto: Europa Press)

Juan Antonio Sagardoy, veterano abogado laboralista, irrumpió este martes en el debate sobre la conveniencia de aprobar una nueva ayuda que beneficie a todo aquel que la necesite. Sagardoy, quien rechazó tener “una opinión formada” al respecto, pidió en cambio buscar soluciones para las personas en situación de paro de larga duración, un 30 por ciento del total de 6 millones de desempleados. El abogado vaticinó que el debate pronto estará sobre la mesa ante la gravedad de la situación de paro estructural que padece España.

Sagardoy dijo estar “convencido” de que el país está ya en la senda de la creación de empleo. Advirtió, sin embargo, que “la recuperación del empleo será larga” y llevará “mucho tiempo” reducir la tasa de paro a niveles anteriores a la crisis.

Ante esta situación, el abogado -que presentó los resultados del VI Barómetro de Empleo que realiza la Fundación Sagardoy– subrayó la necesidad de buscar soluciones para los parados de larga duración, una situación en la que actualmente se encuentra un 30 por ciento de los 5,9 millones de parados recogidos por la Encuesta de Población Activa (EPA). Un 12 o 13 por ciento de los parados llevan más de cuatro años en el desempleo, recalcó.

Tras insistir en la gravedad del paro “estructural”, Sagardoy advirtió sobre la necesidad de discutir sobre la creación de una renta básica de ciudadanía. Esta renta la cobrarían todas las personas que la necesiten, recalcó el abogado, quien recordó que algunas estimaciones fijan su cuantía en 400 o 500 euros mensuales. También se ha estudiado un sistema fiscal que incentive la inserción laboral de sus perceptores, concluyó Sagardoy, quien dijo sin embargo, no tener “una opinión formada” sobre la conveniencia de esta renta. En España, el sindicato CCOO ha pedido la creación de esta renta.

Tres modelos de contrato

El presidente de la Fundación Sagardoy también ha presentado los resultados del VI Barómetro sobre el mercado de trabajo. El estudio se ha centrado en los efectos de la reforma laboral cuando se cumple algo más de un año de su aprobación definitiva.

El responsable del estudio, Jesús Mercader, se ha referido en primer lugar al fracaso del contrato de emprendedores, la figura contractual creada por el Gobierno que beneficia a las empresas con menos de 50 trabajadores.

Mercader ha aventurado que el contrato de emprendedores no funciona debido a las “dudas jurídicas” que han generado asuntos como el período de prueba de un año, previsto por el contrato. Además, los empresarios sienten aún “incertidumbre” a la hora de contratar, ha añadido, antes de referir que el cobro de incentivos en este contrato está ligado a la permanencia en el empleo al menos de tres años.

Aun así, el contrato de emprendedores ha encontrado mejor suerte entre las empresas de menos de 25 trabajadores, han matizado.

Sagardoy ha apostado por simplificar la actual panoplia de 40 tipos de contrato, de los cuales, en el caso de los temporales, apenas se utilizan dos, como son el contrato eventual y el de obra y servicio.

En su lugar, la Fundación ha apostado por dejar tan solo tres tipos de contrato en vigor: uno indefinido, uno temporal y un tercer contrato de formación.

Exceso de “rigor” de los jueces

Sagardoy y Mercader se han referido a continuación a los resultados logrados por la reforma laboral. El presidente de la Fundación se ha felicitado por los cambios en negociación colectiva. Y ha aplaudido las nuevas facilidades creadas por la reforma para la firma de convenios en el nivel de las empresas, lo que permite a las firmas adaptarse mejor a la situación.

También han aplaudido los cambios en lo relativo a flexibilidad interna. Unos cambios que han beneficiado en especial a las ‘pymes’, que antes no podían tomar fácilmente medidas como reducciones de jornada, a diferencia de ahora.

Otros cambios defendidos por el abogado han sido nuevas medidas de flexibilidad interna, como la suspensión de contrato y la movilidad entre diferentes tareas por parte del personal.

Además, Sagardoy ha dicho que la reforma laboral pone en manos de las empresas instrumentos para mejorar la competitividad, como se refleja, ha añadido, en el descenso de los costes laborales que ha tenido lugar tras la aprobación de la reforma.

Sin embargo, el abogado ha criticado la eliminación de la autorización administrativa en la aprobación de los expedientes de regulación de empleo (ERE), que ha traído la reforma. En este sentido ha citado el caso de Francia donde esta autorización describió un camino de “ida y vuelta”, y fue repuesta, una vez que había sido eliminada del ordenamiento francés.

Sagardoy ha dicho además que los jueces están interpretando “con mucho rigor” la reforma laboral en lo relativo a los expedientes de regulación de empleo (ERE). En este sentido, el abogado laboralista ha pedido que se corrija el texto legal de modo que los jueces solo puedan ‘tumbar’ un ERE cuando fallen requisitos formales “fundamentales”.

“Yo creo que era mejor la autorización administrativa”, ha recalcado. “Pero había un clamor” por parte de los empresarios, ha continuado. “Y ahora lo que tenemos es la tutela judicial”, concluyó el abogado, quien añadió que “lo peor del mundo” es judicializar estos asuntos.

Además, el abogado ha lanzado una propuesta para favorecer la creación de empleo. En concreto ha defendido que los empresarios que contraten parados de forma indefinida no paguen a la Seguridad Social por una cantidad equivalente a las cuotas que pagan por ese desempleado los servicios públicos de empleo mientras esa persona está en el desempleo.