Ha remarcado que la alcaldesa tiene «soluciones a go-go» alternativas al contrato integral y que puede utilizar el fondo de contingencia o reducir parte de la partida para pagar intereses financieros a los bancos de cara a configurar unos nuevos contratos «acordes» a la situación real de Madrid.

Además, ha remarcado que la decisión de contratar a Tragsa podría no ser legal, dado que sería necesario declarar una situación de emergencia, algo que han exigido los propios trabajadores de esta empresa pública que, según ha recordado, también está inmersa en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Por ello, ha comentado que si la alcaldesa cree que existe un problema sanitario, tiene la «obligación» de decirlo declarando una alerta sanitaria y «no amenazar» a los trabajadores que realizan la huelga de limpieza.

En rueda de prensa celebrada este jueves, Lissavetzky ha exigido a la alcaldesa de Madrid que «muestre los contratos ya» para conocer si las empresas remitieron datos al Consistorio sobre el número de trabajadores que iban a requerir o recortar en el servicio, algo que las adjudicatarias han negado esta misma mañana.

Lissavetzky ha aludido a que la página 65 del pliego de claúsulas administrativas del contrato de gestión aparece una referencia a información de la plantilla que tiene que figurar en los contratos. En ese sentido, el edil socialista sospecha que el Consistorio podría haber conocido de antemano que se preparaba una reducción de plantilla por parte de tres adjudicatarias.

En concreto, el documento especifica en el apartado ‘Estudio económico y plan económico financiero’ que las empresas debían detallar los «puestos de trabajo y plantilla, por categorías y turnos, diferenciado directos de los indirectos«.

Por tanto, ha instado a la alcaldesa a mostrar esos contratos y ha indicado que si allí aparecen los puestos de trabajo que configuran la plantilla, Botella habrá «mentido» al decir que desconocía el ERE que se planteaba y que ha generado la huelga de limpieza viaria.

Por ello, ha remitido un escrito para solicitar por vía de urgencia la remisión de los contratos o la consulta de los mismos, que ya había solicitado el grupo socialista el día 19 de septiembre. En caso de no aceptarse esa petición en cinco días, Lissavetzky ha apuntado que el PSOE acudirá con notaria a solicitar esos datos. Aparte, en el escrito se advierte que, en caso de no tener acceso a la información, el grupo socialista se verá obligado «a acudir a los tribunales» para solicitar amparo.