Habría sido absurdo, aunque bonito que los diputados del PP le hubieran cantado el feliz cumpleaños al presidente Rajoy, pero esa sonora eventualidad no se produjo en el segundo aniversario de la gran victoria electoral del 20 de noviembre de 2011. Y el presidente cumplió el trámite de contestar a tres preguntas de la oposición y dedicó menos de un minuto a la efeméride en el pasillo del Congreso. “Ahora las cosas están un poco mejor, esta situación la vamos a superar”, dijo.

El presidente no olvidó dar las “gracias” a los ciudadanos por los sacrificios que están haciendo a causa de la crisis. Como nadie puede dar lo que no tiene, la oposición consideró falaz incluso esa expresión. Los portavoces del PSOE y de Izquierda Plural, Alfredo Pérez Rubalcaba y Joan Coscubiela, respectivamente, deploraron que el Gobierno haya decidido rubricar el bienio más antisocial de la reciente historia de España con una nueva ley de Seguridad Ciudadana que convierte en añoranza la del ministro José Luis Corcuera Cuesta, también conocida como “de la patada en la puerta”.

En el habitual rifirrafe, Rubalcaba criticó la gravedad de la crisis, con un millón de parados más en estos dos años, miles de jóvenes sin futuro y recortes de derechos y prestaciones a los trabajadores y a los más necesitados. “Hace dos años usted se fue a la cola del INEM a decir que cuando gobernara bajaría el paro; seguro que ahora no iría porque hay más parados”. Rajoy volvió a apelar a la luz al final del túnel, reprochó la falta de colaboración del PSOE y, ya en respuesta a Coscubiela, de IU-ICV, dijo que querían aplicar el programa leninista de 1917. Gran ocurrencia para un jefe de Gobierno.

Sobre la cuestión más candente, el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana, con multas desorbitadas –de 30.000 a 600.000 euros para quienes realicen escarches, se manifiesten sin permiso o en lugares prohibidos y graben y distribuyan imágenes de la policía en el cumplimiento de su trabajo–, el presidente aseguró que no atenta contra la libertad, faltaría más. Sólo que si no tratara de amedrentar a los que protestan, no resultaría necesaria, le contestó la oposición. “El Gobierno quiere a los parados calladitos y amordazados”, le espetó Rubalcaba. “No nos callarán”, afirmó Coscubiella.

El trasunto de la ley anti15M o “ley de la patada en la boca”, como también ha sido bautizada por la oposición, fue la decisión del juez Marcelino Sexmero de archivar la denuncia del marido de la vicepresidenta del Gobierno, Ivan Rosa, por el escrache que sufrieron a las seis de la tarde del 5 de abril pasado, cuando estaban dando de merendar a su pequeño hijo de 18 meses.

La resolución del juez, que no apreció delito alguno contra bienes ni personas en aquella protesta, provocó que el humor de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría estallara como un globo de helio y que, junto con los sesudos estudios sobre el vacío legal para atacar penalmente a los movimientos sociales y las plataformas 15M, PAH, Democracia Real Ya, Rodea el Congreso y otras, el ministro del Interior se pusiera manos a la obra para producir el nuevo producto legal que convertirá a los delegados del Gobierno en gente temible y a la Administración en juez y parte. Con ello tratarán de evitar que el segundo bienio sea más tranquilo que el primero. Pero como dice el dicho, el miedo también se pierde.