El Gobierno busca fórmulas para rescatar a las cajas de ahorros

23/01/2011

Maite Vázquez del Río. El Ejecutivo podría inyectar 30.000 millones de euros a las cajas de ahorros para evitar problemas mayores, aunque si llega el caso podría hasta intervenir alguna entidad, como ya ocurrió con Caja Castilla La Mancha.

El sistema financiero español ha acabado intoxicado con los préstamos concedidos al sector inmobiliario, constructoras y particulares a quienes prestaron dinero para comprar sus viviendas. De los más de 400.000 millones prestados, alrededor de 180.000 millones difícilmente podrán recuperarlos, según datos del boletín de octubre del Banco de España.

Pese a los requerimientos de la entidad presidida por Miguel Ángel Ordóñez para su reestructuración, a fin de hacer aflorar todos los activos tóxicos y sanear sus cuentas, las cajas de ahorros, que han pasado de 45 a 17 entidades, parecen haber optado por no sacar a relucir todo lo malo que había en sus balances, hasta el extremo de que el Gobierno parece estar preparando el rescate de algunas, a través de lo que el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba ha bautizado como “plan para reforzar su solvencia y crecibilidad”.

El Banco de España, el Ministerio de Economía y la patronal de las cajas (CECA) están ultimando los pasos de la nueva reestructuración de estas entidades, sobre las que no hace mucho la misma CECA aseguraba que presentarían beneficios en el primer semestre de este mismo año.

Los planes del Gobierno fueron adelantados por The Wall Street Journal, que citando fuentes económicas españolas, incluso hablaba que dicho rescate supondría una inyección de 30.000 millones de euros. Cantidad ésta que se sumaría a los 15.000 millones que ha desembolsado ya el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) –creado por el Gobierno cuando estalló la crisis y que dotó con 99.000 millones de euros- durante todos los procesos de reestructuración emprendidos a lo largo de 2010.

Pese a que Rubalcaba no ha querido adelantar por dónde irán los “tiros”, por lo publicado por el diario estadounidense, la nueva reestructuración de las cajas podría pasar porque adopten el mismo modelo que los bancos para acceder al dinero en los mercados, abandonando su dependencia de las ayudas públicas y su gestión político-regional.

Las cajas al estar constituidas por partícipes y no tener inversores, dejarían este esquema, para poder incluso llegar a cotizar en la bolsa y dar dividendos a sus accionistas. En este empeño se encuentran ya La Caixa y el SIP surgido de la fusión de Caja Madrid, Ibercaja y otras cuatro pequeñas entidades locales. De momento, lo que no parece haber cambiado es su práctica de mantener cuantiosas partidas a la obra social, que pese a la crisis y las dificultades de financiación no han visto reducidas sus partidas.

Alguna de las medias del plan también tendrán en cuenta la opinión de las entidades financieras, incluidos los bancos, y las empresas del sector de la construcción y de promoción inmobiliaria, con cuyos representantes se ha reunido esta semana el ministro de Fomento, José Blanco.

El Gobierno podría así adelantarse a los resultados de las nuevas pruebas de estrés solicitadas por Bruselas, que al elevar sus exigencias de calidad de capital y pedir en más detalle los activos expuestos al ladrillo, podría traer más “suspensos” al sistema financiero español. En la anterior prueba solo suspendieron unas pocas cajas de ahorros. Estos posibles nuevos suspensos podrían obligar al Gobierno a actuar, incluso “nacionalizando” alguna de ellas. Hasta el momento, el Gobierno solo había intervenido Caja Castilla La Mancha (CCM). Por este motivo, con el plan en el que se está trabajando se trataría de evitar llegar a este extremo.

Los grandes bancos llevan haciendo los “deberes” desde el anterior test, espoleados desde el mismo Banco de España y los futuros criterios que deberán cumplirse a partir de 2015 con las nuevas exigencias de Basilea III. Por este motivo, Santander, BBVA y las principales entidades del país, llevan trimestres adelantando provisiones a costa de sus propios beneficios que, en todos los casos, han caído considerablemente por este motivo. De momento, está cubierto el 20% de sus activos de cobro dudoso.

La tasa de morosidad, que este año se situará en el entorno del 6% según coinciden la mayoría de los analistas, es uno de los indicadores que ha hecho sonar las alarmas del sistema, que justo cuando estalló la crisis era puesto como ejemplo a seguir desde el G-20.

Con este paso, el Gobierno además pretende dar confianza a los mercados, tan influenciados por las notas y advertencias de las agencias de calificación, que como Moody’s, están advirtiendo de los problemas del sistema financiero español por su exposición al ladrillo.

Pero al margen de las agencias de calificación, cuya labor lleva tiempo puesta en entredicho, informes de entidades como el banco japonés Nomura no dista mucho de esa radiografía. Recientemente la entidad nipona aseguraba que los 180.000 millones de exposición problemática a la construcción y promoción inmobiliaria se verá incrementada en el futuro, dado que muchos créditos han empezado a vencer y otros préstamos están siendo negociados para su refinanciación.

¿Cuánto dinero necesitan?

Según los rumores, como hemos dicho, la inyección que podrían recibir las cajas podría ser de 30.000 millones de euros, aunque la mayoría de los expertos antes de conocerse la elaboración de este plan apuntaban a los 50.000 millones. Incluso en el mencionado informe de Nomura, que asegura que las cajas son “el principal riesgo” para España, se hablaba de una necesidad de entre entre 43.000 y 80.000 millones.  El resto, hasta los 180.000 millones de exposición reconocidos por el Banco de España corresponderían al resto de las entidades financieras españolas. Claro que si las cajas son capaces de captar dinero en el mercado, sus necesidades se reducirían a 24.000 millones.

El problema del sector financiero es su acceso a la financiación en los mercados y su casi imposibilidad de emitir deuda. El problema del sector de la construcción es que no encuentran dinero para financiarse. Por tanto, la solución es difícil y solo se saldrá de ella cuando los mercados se normalicen, algo que sólo ocurrirá hasta que se recupere la confianza y vuelva a circular el dinero.

Además, de la inyección de dinero, el sistema financiero debe ganar en confianza para que los mercados les dejen acceder al dinero, y esta confianza, a decir de todos los expertos solo se puede lograr a base de transparencia, explicando al detalle dónde se encuentra invertido o prestado hasta el último céntimo de las entidades.

En el sector de la construcción, además, hay un problema añadido que en cierta medida comparten con las entidades financieras: el elevado stock de viviendas a las que ni unos ni otros pueden dar salida (se ha llegado a calcular hasta 900.000 viviendas) porque tampoco el dinero llega a los compradores. Sólo cuando se acabe con el stock, las promotoras y constructoras podrán devolver el dinero prestado y se podrá pensar en que empiecen  a construirse viviendas nuevas para atender las necesidades de los ciudadanos. Sólo entonces, se podrá reactivar este sector que hasta la crisis era el motor económico, y que con la crisis ha dejado en la cuneta a más de 11.000 empresas y 1,2 millones de puestos de trabajo directos e indirectos.

Por parte del Gobierno se está intentando dar salida a este stock de viviendas a través del alquiler, aunque las ayudas solo parecen estar funcionando entre los jóvenes menores de 35 años y con un puesto de trabajo. El resto de las medidas adoptadas por el Ejecutivo parece que han ido en contra, como la subida del IVA que encarecido las viviendas o la eliminación de la desgravación por compra de vivienda en el IRPF.

Otro de los problemas a solucionar es elevado precio de la vivienda, que si en 2009 re redujo un 7%, en 2010 ese recorte ha sido del 3,5%, en algunas comunidades (13) incluso ha empezado a subir. Desde las patronales del sector, el G-14 y APCE se cree que la crisis inmobiliaria ha tocado fondo, y consideran que los precios han empezado a estabilizarse. Pero todavía quedan años para que la situación se normalice.

Con todo, el Gobierno español pretende presentar este martes a inversores internacionales un informe sobre la reestructuración financiera en el que avanzaba algunas medidas a adoptar para acelerar el proceso de capitalización de las cajas de ahorros. Entre las medidas se encuentran alentar y facilitar la entrada de inversores privados, o incluir cambios en la regulación de las cajas de ahorro eliminando los obstáculos que dificultan su acceso a los mercados de capitales.

También el Ejecutivo se plantea acelerar el proceso para separar el negocio financiero y la acción social de las cajas, a fin de fortalecer la calidad del capital de las cajas y que éstas puedan cumplir estándares internacionales de capital y las futuras pruebas de estrés.

Además, el Frob podría conceder de forma temporal ayuda para aumentar los fondos procedentes de inversores privados y tomar participaciones en entidades, igualmente de manera temporal, para inyectar capital de forma directa.

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