Argentina quiere expulsar a los consejeros de Repsol en YPF

22/11/2013

T. J.. El acoso a Antonio Brufau se acrecienta. Coincidiendo con las críticas de Pemex a su gestión, YPF denuncia a los representantes de la empresa española

En la batalla a la que se enfrenta la dirección de Repsol se ha abierto un nuevo frente. Puede que sea independiente de la que libra frente a Pemex, pero ambas coinciden. La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina ha decidido abrir un sumario a los representantes de Repsol en YPF, por la denuncia que la petrolera estatal argentina realizó contra ellos ante «la presunta existencia de un conflicto de intereses». La petrolera que preside Antonio Brufau mantiene un 12% de YPF, después de la expropiación del 51%.

La intervención de la CNV parte de la «denuncia presentada por YPF, el pasado 8 de octubre, contra Luis García del Río y Carlos María Tombeur, por presunto conflicto de intereses y su posible actitud respecto del normal desenvolvimiento de las actividades del ente social». En definitiva, se les acusa de obstaculizar la gestión de la empresa argentina en determinadas acciones.

El conflicto se ha precipitado a raíz de que García del Río y Tombeur solicitasen que se les entregara la «copia íntegra de los documentos suscritos con subsidiarias de Chevron Corporation» para la exploración conjunta de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. El 7 de noviembre, el Comité de Auditoría de YPF anunció que no facilitaría esos datos, tras alegar que existía un «conflicto de intereses». En el fondo las acusaciones a Repsol se basan en su intento de conocer las condiciones aceptadas por YPF para la entrada de Chevron, mucho más lasas que las que exigía a otras empresas, incluida Repsol.

El acuerdo con Chevron fue aprobado por el consejo de YPF el pasado 16 de julio, y en esa reunión su presidente, Miguel Galuccio, expuso a los miembros del consejo los detalles del convenio, pero no las cláusulas confidenciales, que básicamente se refieren a cuestiones financieras.

En Madrid un juzgado se declaró también competente para resolver una demanda paralela contra Chevron por su participación en el proyecto de Vaca Muerta y Repsol solicitó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) medidas cautelares para evitar que la estadounidense explote esos activos.

 

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