Nuevo intento para intentar poner cerco al derecho de huelga. Lo han intentado o mostrado intención de hacerlo casi todos los presidentes de la recuperada democracia. El que más cerca estuvo, Felipe González, que un día antes de que se aprobara el proyecto de ley en el Parlamento, decidió adelantar elecciones y, con ello, todo quedó en papel mojado.

El último en llegar es Mariano Rajoy, espoleado por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que culpó a los huelguistas de su inoperancia y falta de saber gestionar la situación. Denunció que los servicios mínimos no se cumplían en los trece días que duró la huelga de limpieza de Madrid. Mentira. Se cumplieron. el problema es que quería que los servicios mínimos recogieran todo como si no hubiera huelga y no había suficiente servicio mínimo nombrado.

Es época de recortes en todos los sentidos. Sanidad, educación, pensiones… y en derechos. El derecho a la huelga es uno más y ahora, aprovechando que tronó en Madrid, quieren «ajustarlo» como le gusta decir al Gobierno y al PP. Y para que no sea tan clamoroso, buscan un subterfugio y en vez de decirnos que harán una ley de huelga, nos explican que habrá una ley de servicios mínimos.

Son los vericuetos de Rajoy y sus acólitos. ¿Quién no recuerda que nos aseguraron que la banca no había sido rescatada? Ahora que ha terminado, por fin empiezan a llamarlo por su nombre. ¿O cómo Saénz de Santamaría cada vez que anuncia un recorte, en vez de llamarle por su nombre, opta por describirlo como reforma?

Recortado todo lo que tiene que ver con el Estado de Bienestar, el modelo social que identificaba a España y a gran parte de Europa, el siguiente paso es el de los derechos. Ahí está cercana la futura ley de la ciudadanía, que no es otra cosa que «multar» a los que se manifiestan bajo el subjetivo prisma de las fuerzas del orden público. Que te dan con una porra, pues a aguantarse y sin rechistar, que encima te pueden caer 30.000 euros. Que ponen policías infiltrados, pues chitón, que te puede llegar la multa por donde menos te lo esperas…

Y ahora le toca al derecho a la huelga. Lo paradógico es que el enunciado de su reforma ya está puesto por ley: los servicios mínimos. Está definido y acotado lo que se un servicio esencial para la comunidad, están fijados los porcentajes, aunque una vez convocada la huelga se negocian. Todo se hace de acuerdo a derecho. El problema es que ahora ese derecho lo quieren recortar, y mucho me temo que con ese nuevo «ajuste» todos los trabajadores serán servicios mínimos, menos los representantes sindicales.

La vicepresidenta del Gobierno nos ha asegurado que la futura ley de huelga, perdón de servicios mínimos, se negociará con empresarios y sindicatos. ¿A qué les suena ese compromiso? Visto lo visto hasta ahora, y las alas que ha dado al Gobierno la mayoría absoluta, esa «negociación» no será más que un encuentro «informativo» en el que, como pasó recientemente con las pensiones, será esto son «las lentejas, si quieres las comes y si no las dejas». Vamos que igual que han empobrecido a los pensionistas -la penúltima fechoría-, dejarán ahora a los trabajadores a los pies de los caballos. Seguramente si haces huelga porque te van a despedir, si haces huelga, directamente serás despedido.

Hasta ahora, el derecho a la ley de huelga ha servido a los trabajadores para defender sus derechos. Sin ir más lejos, sin este derecho, más de 1.100 trabajadores de la limpieza de Madrid estarían en estos momentos apúntadose a las listas del paro. Gracias a ella han salvado su puesto de trabajo y, de paso, demostrado que los empresarios ni se habían molestado en hacer cuentas y ni en buscar una salida que no fuera la de siempre, despedir. También es cierto que con la reforma laboral, los empresarios lo tienen tan fácil, que para qué molestarse.