El consejo de administración de Repsol que se ha celebrado este miércoles ha aceptado por unanimidad el preacuerdo alcanzado entre los Gobiernos de Argentina, España y México, si bien supeditado a que las condiciones de la indemnización que recibirá por el 51% de YPF expropiado sean consideradas satisfactorias. El presidente de la empresa, Antonio Brufau, ha apoyado el pacto que tiene como fin acabar con el conflicto creado por la expropiación, por lo que el ‘sí’ saldrá adelante sin problemas, ya que cuenta además al menos con el respaldo de los primeros accionistas de la petrolera -La Caixa y Pemex-, que han participado en la negociación.

La dirección de la compañía se ha mostrado satisfecha con los principios suscritos, que permiten abandonar la vía judicial, aunque quedan puntos por desarrollar referidos a los detalles de cómo se pagará a la petrolera la indemnización de 5.000 millones de dólares (3.700 millones de euros), que se hará a través de bonos argentinos en dólares. Ahora se abre un período de análisis en el que participarán bancos de negocios. En el comunicado de Repsol a la CNMV no se utiliza la palabra «aprobación» para referirse al resultado del consejo.

En este contexto el apoyo final se pospone, dadas las dificultades para cerrar las condiciones de los bonos, así como las garantías que deberán ir unidas a los activos financieros. La ratificación final se llevaría a un nuevo consejo, pero con toda probabilidad no se someterá a una junta extraordinaria.

Aunque existan más que significativos interrogantes, la presión ha sido muy fuerte después de la implicación del Gobierno español a través del ministro de Industria, José Manuel Soria, en el pacto, para que el rechazo, que no se ha producirdo, tendría que haberse basado en fuertes argumentos. Diversos miembros del Ejecutivo se han pronunciado a favor de esta solución, enmarcándola además en lo que significa para las relaciones económicas y empresariales con Argentina y con México. La reacción de Pemex de desbloquear su entrada en el astillero Barreras, que construirá uno de los hoteles flotantes en Vigo, es un claro ejemplo de las implicaciones del acuerdo.

Además de pedir garantías absolutas de cobro de esos activos, hay detalles muy relevantes que marcan la diferencia entre un buen o un mal acuerdo, que van desde el tipo de interés al periodo de amortización. Y es que dadas las calificaciones de las agencias de rating con las que cuenta las emisiones de la República Argentina, en el mismo nivel que los bonos basura, su venta en el mercado secundario se haría con un significativo descuento. Repsol no quiere además que se fijen restricciones a la venta o que se establezca alguna obligación de reinvertir en Argentina. Lo que sí es posible que se pacte es que los bonos tengan como garantía activos de hidrocarburos que estén ya en fase de producción.

La situación de la economía argentina es, por tanto, uno de los obstáculos para alcanzar un acuerdo, ya que dificulta que las garantías sean sólidas, por más que argumenten que al tratarse de bonos soberanos no son necesarias seguridades añadidas. El país cuenta con varios litigios con sus acreedores, entre ellos Estados Unidos, que le pueden abocar a un nuevo default, y negocia también con el Club de París -organización de naciones deudoras- para reestructurar más de 7.500 millones de dólares de deuda. Ese es otro problemas ya que esos acreedores podrían oponerse a que Argentina emita nueva deuda.

Con todo, el fin de la guerra tendría vertientes muy positivas, reconocen casi todos los analistas, pero también indican que si el acuerdo se cierra sin blindajes ante eventuales problemas futuros pueden revertir en Brufau y el consejo, con los consiguientes riesgos de pleitos por parte de accionistas, especialmente los fondos institucionales, si estiman que se han producido quebrantos patrimoniales. El consejo de Repsol está formado por seis consejeros dominicales, que representan los intereses de los cuatro máximos accionistas, La Caixa, Sacyr, Pemex y Temasek. El resto corresponde, además de a Brufau, a nueve independientes que hasta ahora han apoyado las propuestas del presidente.

El presidente de La Caixa y CaixaBank, Isidro Fainé, no ha acudido al consejo que se pronuncia sobre este acuerdo por encontrarse de viaje en Hong Kong. Fainé ha delegado su voto en Antonio Brufau. Por su parte, el representante de Pemex se ha negado a respaldar al presidente de la petrolera en el consejo.