La delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Paz González, ha defendido que la operación Canalejas creará 4.800 empleos -1.800 en la fase de construcción y 3.000 en la de explotación- mientras que la oposición en pleno ha rechazado este jueves la aprobación provisional de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al considerar que lo que hace el Ejecutivo municipal es modificar la normativa existente para que le salgan las cuentas a «un nuevo Mister Marshall».

«No sé si podrán mirar a la cara a los trabajadores al sostener el rechazo al proyecto», les ha retado la delegada desde el Palacio de Cibeles. Por su parte, el portavoz de Urbanismo en el PSOE, Marcos Sanz, ha recordado que ya en el año 2007 se llevó a Pleno un Plan Especial para este ámbito, que finalmente no se llevó a cabo «porque no le salían las cuentas a los gestores». «Ahora modifican la normativa para que le salgan a otros», ha lanzado.

Su homólogo en UPyD, Mariano Palacios, ha criticado la llegada de «un nuevo Mister Marshall», a quien no le iban a estropear los planes «por tres o cuatro nimiedades». De este modo, como la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad «molestaba» decidieron «hablar con Ignacio (González) y en un periquete se cambia».

La delegada Paz González ha puesto la operación Canalejas en el mismo nivel de importancia que el soterramiento de la M-30 o Madrid Río. En este punto, la edil ha pedido a la oposición que aprendan de sus errores, como los que les llevaron a rechazar en su día el enterramiento de la vía de circunvalación, y que pongan en una balanza los intereses partidistas y el beneficio para el ciudadano.

El portavoz de IU, Ángel Pérez, ha criticado, por su parte, la rapidez con la que va la operación Canalejas cuando un comerciante puede estar un año esperando autorización para instalar un simple cartel. Sobre la M-30, el concejal le ha recordado que su formación apostaba por otro modelo de financiación que «no fuera una hipoteca insoportable» para la ciudadanía.

La modificación del PGOU ha salido adelante con los votos en solitario del PP. La operación Canalejas contará con una inversión de 500 millones de euros y supondrá, en palabras de González, «la revitalización de una de las zonas más emblemáticas de la ciudad generando un nuevo polo de actividad económica al tiempo que se mejora la calidad urbana y ambiental de todo el entorno».

Se conseguirá «la puesta en valor de un patrimonio edificado excepcional, cuyo cierre durante más de diez años suponía un deterioro progresivo y una imagen de degradación poco aceptable». La modificación propone un régimen particularizado de las obras y autoriza el incremento de edificabilidad de mil metros cuadrados para mejorar los desniveles de las azoteas sin que suponga un aumento de la altura por encima de la cornisa existente.

Declaración BIC

El conjunto contará con la declaración de Bien de Interés cultural (BIC) para la fachada y primera crujía de los edificios de la plaza de Canalejas, 1 y Alcalá, 14, en los que también se declara BIC el patio de operaciones, protegiéndose además determinados elementos que deben ser preservados.

El documento también ordena el subsuelo del ámbito, de forma que abre una puerta a la posibilidad de mejorar las dotaciones públicas de la zona, haciendo viable que la misma pueda acoger una estructura bajo rasante destinada al transporte. La nueva infraestructura subterránea incluye la reorganización del estacionamiento de autobuses y la mejora en la prestación de este servicio público.

También se reestructurará el espacio destinado a transporte privado, mejorando la carga y descarga, la circulación y el estacionamiento. Su ejecución supondrá, además, una reordenación y calificación del viario público en superficie favoreciendo la recuperación de la escena urbana para el uso peatonal.

  La modificación fue aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno el 21 de febrero pasado, sometiéndose a información pública. Durante este periodo se han presentado nueve alegaciones.

La modificación aprobada este jueves ha sido objeto, además, de los preceptivos informes de Análisis Ambiental, de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Ministerio de Industria. Tras esta aprobación provisional, el documento será remitido a la Comunidad de Madrid para su luz verde definitiva por parte del Consejo de Gobierno.