Un giro que es sustantivo, a la espera que los grupos que se creen para negociar las condiciones de la indemnización, apoyados en sus respectivos asesores legales y bancos de negocia, avancen en la plasmación de un acuerdo definitivo, pero que está marcado por unas circunstancias nada fáciles como son las que atraviesa la economía argentina. El punto de partida de la indemnización se basa en el pago con bonos argentinos, emitidos en dólares, por un importe de 5.000 millones de dólares (3.700 millones de euros), que abonarían un interés del 8,75%, y que contarían con dos años de carencia (no pago de intereses). El plazo de los bonos sería a 10 años, un tema que es sustancial ya que la venta en el mercado secundario se haría con significativos descuentos, dada las actuales cotizaciones de papel emitido por la República Argentina.

SI bien las condiciones y las garantías son los temas que marcarán el futuro del desarrollo de la alianza alcanzada por los Gobiernos afectados, también México, las divergencias anteriores no parecen superadas por todos los actores implicados. Es el caso de Pemex que, además de decantarse por solicitar que el preacuerdo se cierre en el menor plazo de tiempo posible, mantendrá como estrategia el rechazo a la gestión de la empresa española, según medios consultados, que añaden que los pasos que darán en las próximas semanas se van a mantener en esa línea.

Si bien, dada la trayectoria de Brufau de resistencia a los diversos ‘complots’ que ha vivido, las intenciones de los accionistas mexicanos, que antes habían amenazado con vender un 5% de su paquete, no parece que tengan posibilidades de salir adelante, sólo por la voluntad de los accionistas mexicanos.

Si Pemex argumenta en público que la rentabilidad que ha dado Repsol en los últimos años a sus accionistas no es satisfactoria, en círculos más privados ha agregado que tiene la llave para que la empresa española pueda participar o de hecho tenga escasas posibilidades en los proyectos y desarrollos que se van a abrir en ese país a raíz de la aprobación de la reforma energética, que conllevará la entrada de socios privados en las áreas en donde hasta ahora estaban vetados.

Con todo es un aviso que se produce en un contexto muy complicado para la apertura de Pemex y la privatización de actividades que por Constitución sólo pueden estar en manos del Estado. La retirada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), liderado por del carismático Cuauhtemoc Cárdenas -hijo del presidente e impulsor de la nacionalización de los yacimientos de hidrocarburos, Lázaro Cárdenas- del pacto para la gran reforma del país azteca, hace pronosticar sustantivas complicaciones para la planeada reestructuración en profundidad del sector del petróleo, quizá la más importante planeada por el presidente Enrique Peña Nieto. También abre interrogantes, por cuestión de fondos, a los planes de Pemex de entrar con fuerza en el yacimiento argentino de Vaca Muerta.