La patronal eléctrica se encuentra además «muy preocupada» con este nuevo desfase y considera que ahora «está completamente justificado» el recurso presentado ante los tribunales, en el que se denunciaba que el Gobierno no iba a cumplir la suficiencia tarifaria a la que obliga la ley.

   En lo referido a la actividad de las eléctricas, Montes lamentó que «cinco empresas privadas paguen una parte de la solución» al déficit público y recordó que el propio proyecto de ley eléctrica elimina el mecanismo de titulización del déficit de tarifa. El nuevo desajuste «va a ir directo a nuestros balances y eso es gravísimo», señaló.

El déficit de tarifa de 3.600 millones «supone además un incumplimiento total de las obligaciones del Gobierno», ya que el ministro de Industria, José Manuel Soria, «había dicho que la solución la iban a soportar el sector, el consumidor y la Administración», señaló.

«Resulta tremendo porque se suma a los impuestos y a los recortes» con los que las eléctricas contribuían a acabar con el déficit de tarifa, indicó, antes de considerar que este incumplimiento hace que «la confianza» de las empresas en el Gobierno sea «bajísima». «Ante el problema que creó un gobierno no puede ser que el siguiente que llegue se ponga de perfil», añadió.

Subidas de luz

Además de la nueva carga para las eléctricas, Montes consideró que el nuevo desajuste del sistema eléctrico redundará en subidas de la tarifa de luz y en pérdida de competitividad de las empresas.

«El impacto en los consumidores ya está siendo muy alto, y ahora el nuevo déficit repercutirá de forma adicional, ya que su pago a plazos va a ir en el recibo eléctrico», consideró. «Va a ir en detrimento del recibo de la luz, sin duda», continuó.

«Si además la mitad del recibo eléctrico corresponde a costes regulados, la nueva situación va a influir evidentemente en la competividad de las empresas. Cuando la industria se queja de la falta de competitividad, se tiene que dar cuenta de que eso no viene de nosotros», añadió Montes.