La banca acreedora de las autopistas concesionarias en concurso de acreedores o a punto de entrar en esta figura jurídica, en su mayoría radiales de Madrid, podría flexibilizar su posición respecto al acuerdo que cerró hace meses con el Ministerio de Fomento y poner algo más de dinero para facilitar el acuerdo con las empresas afectadas, según ha sabido este diario.

Este pacto entre las entidades financieras y el ministerio de Fomento abrió la posibilidad de comenzar las negociaciones entre el Gobierno y el sector concesional, para intentar rescatar a esas autopistas y constituir una nueva empresa de mayoría de titularidad pública, lo que se ha dado en llamar la Sareb de las autopistas españolas, es decir, el “banco malo” de estas concesiones.

La intención del Ejecutivo es juntar todos los activos en una nueva empresa pública que colgaría de Fomento y tras sanearla, lo que se haría en parte al incorporarla nuevos activos de calidad (algunas de las autopistas más rentables cuyas concesiones vencen en los próximos años), volver a privatizarla cuando fuera posible.

La banca acreedora aceptó una quita del 55% sobre los entre 3.500 y 4.000 millones que se la adeudan y accedió a nuevas aportaciones por valor de otros 1.200 millones de euros para el pago de las expropiaciones pendientes y los conflictos judiciales que puedan surgir, pero parece que no ha sido suficiente. Y Bruselas vigila cualquier atisbo de ayuda pública en la operación, a lo que tampoco está dispuesto el Gobierno por su política contra el déficit público.

Ese acuerdo financiero que alcanzo el Ministerio con estos bancos, liderados por el Santander, abrió de verdad las negociaciones entre las empresas y el sector, que luego se ha empantanado por la petición de las concesionarias y constructoras de más dinero y más porcentaje accionarial en la futura empresa pública.

Ahora, la posible mayor flexibilidad de la banca, que ya negoció un acuerdo a 30 años, y de nuevo liderada por el banco presidido por Emilio Botín, podría acercar posiciones otra vez, al aportar nuevos fondos, aunque podrían no ser suficientes.

Hasta ahora el cierre de la negociación se ha ido retrasando, primero por la intención de las empresas de tener más del 20% del capital de la futura empresa pública, a lo que no ha cedido Fomento, y segundo, por su intención de cobrar una cantidad por la operación, que algunas fuentes cifran en torno a 350 millones de euros, una cifra que el Gobierno considera exagerada.

Ante la negativa del ministerio de Pastor a sus pretensiones, alegando que Hacienda no permite más gastos, las grandes empresas, a través de su asociación Seopan, se dirigieron tanto al ministerio de Montoro como a la propia Moncloa, para entrevistarse con Álvaro Nadal, jefe de la Oficina Económica de Rajoy, que han mantenido la misma posición que el departamento ministerial de Ana Pastor.

Fomento quiere cerrar cuanto antes el rescate de las autopistas de peaje, encarrilarla antes de Navidad, y para ello ha mantenido conversaciones con empresas como Abertis, OHL, ACS, Globalvía, Sacyr Concesiones y Cintra, sin llegar a entenderse por ahora. Todas las radiales de Madrid, R2, R3, R4 y R5 y otras autopistas como la que va al aeropuerto de Barajas, ya han entrado en concurso de acreedores o están a punto de hacerlo.